Detenidos dos militares por filtrar el vídeo de un atentado en Afganistán

La filtración a una televisión del vídeo de un atentado en Afganistán, acaecido el pasado 25 de agosto en una base de Qala-i-Naw, en el que fallecieron dos guardias civiles y su intérprete, les puede costar muy caro a dos hermanos militares.

Tras siete meses de investigación, abierta ex profeso por el Ministerio de Defensa, la Guardia Civil detuvo ayer en dos acuartelamientos, uno de Zaragoza y otro de Murcia, a un sargento del Ejército de Tierra y un cabo del Ejército del Aire como presuntos autores de un delito de revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad nacional, penados con hasta diez años de cárcel por el Código Penal Militar de 1985.

Los acusados pasaron ayer por el Juzgado Togado Militar número 12 de Madrid, que deberá decidir si los envía a prisión o les deja en libertad con cargos. Fue este juzgado quien en noviembre pasado ordenó a la Unidad Central Operativo (UCO) del Instituto Armado averiguar la identidad de las personas que pudieron haber facilitado o comercializado las imágenes del atentado cometido por un policía afgano infiltrado en la insurgencia.

La grabación fue obtenida por las cámaras de seguridad de la base de Qala-i-Naw, donde se forman a las fuerzas de seguridad afganas. Durante las pesquisas, el servicio de criminalística de la Guardia Civil determinó los sistemas empleados en la grabación de las imágenes, así como las copias realizadas, mientras que los agentes de la UCO tomaron declaración a decenas de testigos e investigaron al personal militar y civil que pudiera haber accedido a las imágenes.

Las sospechas se centraron en los dos hermanos detenidos, que habían tenido acceso en días posteriores al atentado a la totalidad de los vídeos difundidos y que, además, habrían mantenido diversos contactos posteriores «con personas relacionadas con los medios de comunicación que difundieron las imágenes», según la nota hecha pública por la Guardia Civil. Esto evidencia, según fuentes judiciales, que los acusados pudieron tener un afán lucrativo en la distribución del contenido considerado secreto por Defensa.

Finalmente fue Antena 3 quien emitió la secuencia en septiembre de 2010, en la que se muestra la puerta de la instalación por la que el terrorista intenta huir segundos después de haber disparado contra los agentes y el traductor. Inmediatamente, un grupo de soldados sale tras él. Tras abatirlo en la calle, arrastran el cuerpo sin vida del terrorista al interior de la base. En ese momento, se observa el trasiego de vehículos, uno de los cuales trasladaba a los tiroteados hasta el hospital de campaña español ubicado en la zona.

Interrogatorios

En la investigación judicial, que ha contado con la colaboración de diferentes departamentos del Ministerio de Defensa, la UCO ha practicado dos registros en los domicilios de los detenidos, en Murcia y Zaragoza, en los que ha intervenido diversos archivos informáticos que ahora están siendo analizados.

Uno de los hermanos, el sargento primero del Ejército de Tierra, está destinado en el cuartel murciano de la Brigada Paracaidista en Javalí Nuevo y el cabo primero en la base aérea de Zaragoza.

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) considera que, de seguir adelante el procedimiento, deberá demostrarse cómo afectaron a la seguridad nacional las imágenes filtradas y si estas estaban legalmente clasificadas. Estos dos puntos son claves para las imputaciones y las graves penas a las que están expuestos los detenidos, que va de tres a diez años de prisión, según el Código Penal Militar de 1985. Para AUME este caso reabre la «vieja polémica» entre la obligación de no relevar determinadas informaciones y la libertad de información de la opinión pública. Asimismo, espera que las diligencias judiciales abiertas por el atentado sean tan rápidas como las pesquisas de las filtraciones.