Urbe 2000 devolverá el dinero cobrado en negro a los propietarios

La docena de denunciantes del 'caso Parque Sur' llegó ayer a un acuerdo con la defensa de los siete imputados que ha propiciado el sobreseimiento de la causa. Después de dos horas de negociación, las partes determinaron que los responsables de Urbe 2000 pagasen las cantidades de dinero en negro que en su momento pidieron a los propietarios de las VPO para el uso y disfrute de zonas comunes, y cuyo montante total ronda los 50.000 euros.

Con ello, perjudicados y acusados respiraron aliviados reconociendo cumplido su objetivo de reembolsarse el dinero abonado, en el primero de los casos, y de archivar el procedimiento desestimando la existencia de delito alguno, en el segundo. «Mis representados lo que querían era que los absolvieran y así ha sucedido -explicó Manuel Hortas, abogado de tres de los imputados-. Están muy contentos, después de haber padecido años de angustias y de haberlo pasado muy mal».

En la misma línea se expresó el letrado de algunos de los demandantes, Eduardo Herrero Cosano, afirmando que sus clientes «están muy satisfechos porque han conseguido lo que pretendían». A pesar de haber alcanzado un acuerdo, con posterioridad al mismo la Sección Octava de la Audiencia Provincial celebró ayer un juicio que no dejó de resultar un puro trámite y apenas duró diez minutos.

La Junta solicita el archivo

En el mismo, el representante legal de la Junta de Andalucía, que también se había personado como acusación particular, se sumó a la petición del fiscal de absolver a todos los acusados, solicitando el sobreseimiento. Los abogados de los denunciantes retiraron a su vez la acusación y los letrados de la defensa no pusieron ninguna objeción, por lo que la magistrada titular del órgano, Lourdes Marín, decretó el archivo inmediato de la causa.

Como se recordará, los demandantes acusaban a Urbe 2000 de un presunto delito de estafa, al haberles cobrado en dinero negro ciertas cantidades por utilizar zonas comunes, algo que como mantenían no venía recogido en el contrato, firmado en el año 2006. Algunos también aludían a un presunto delito de alteración de los precios oficiales de los inmuebles y otro de coacciones, llegando a pedir penas de hasta 10 años de prisión.

El Ministerio Fiscal, sin embargo, el pasado año manifestó su decisión de no ejercer la acusación, argumentando que los propietarios ya habían sido advertidos de ese «ardid» con anterioridad de la firma de los contratos y que ello no constituía delito alguno. La Junta ahora se adherido a esta consideración, si bien no se descarta que continúe el expediente por la vía administrativa.

Las caras de los exculpados, por otra parte, eran de una alegría inmensa tras abandonar el «calvario» que según ellos les ha acompañado en los últimos años. Se pudieron vislumbrar incluso algunas lágrimas de alivio, pues consideran que su honor ha quedado restablecido con la retirada de los cargos. A modo de curiosidad, cabe destacar que las cantidades acordadas se devolvieron en el mismo momento, e incluso la celebración del juicio se demoró ante la falta de una parte del montante final, que los responsables acabaron desembolsando a la otra parte.