El juez deja libre a Teddy Bautista y a dos directivos de la SGAE

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dejó ayer en libertad sin fianza, pero con cargos, al presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, Teddy Bautista, y dos de los principales directivos de la entidad detenidos el pasado viernes, Enrique Loras, director general, y Ricardo Azcoaga, director económico y financiero. El magistrado, no obstante, impuso a los tres medidas cautelares porque apreció indicios de delito por apropiación y administración fraudulenta, a los que en el caso del presidente de la SGAE hay que sumar el de delito societario.

Poco más de 48 horas después de la operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede del organismo en Madrid, Bautista, Azcoaga y Loras salieron en libertad del edificio de la Audiencia Nacional. El juez, a petición del fiscal, impuso las medidas cautelares de prohibición de salida de España y retirada del pasaporte. El Ministerio Público no consideró pertinente el encarcelamiento de ninguno de los tres pese a la existencia de los indicios de delito y el titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional decretó su libertad provisional «por la escasa probabilidad del riesgo» de fuga ante las «particulares circunstancias de arraigo en España» de los tres acusados.

Ruz consideró que Bautista y los otros dos directivos participaron en un delito «continuado de apropiación indebida de especial gravedad», que a tenor de la suma defraudada, cuyo monto no se indica en el auto del juez, está penado con hasta seis años de prisión. El instructor también apreció que hubo un delito de administración fraudulenta castigado con hasta cuatro años de cárcel.

Cuatro horas

El juez estimó también que en el caso del presidente de la SGAE, que fue interrogado ayer por el juez y el fiscal durante casi cuatro horas, hay indicios de un presunto delito societario, consistente en la negativa de información y participación en la gestión a los socios de la empresa, que está sancionado con hasta 12 meses de multa.

Ruz decretó asimismo la prolongación del secreto de las diligencias para evitar que «pueda frustrarse» la investigación. Por este mismo motivo, el juez decidió «no aportar más detalles» sobre los objetos de investigación. Esta es la razón por la que no se detalla en ningún momento la cantidad de dinero presuntamente defraudado, una reserva que el instructor mantendrá hasta que declaren todos los detenidos.

Faltan por pasar ante el juez el director general de la Sociedad General de Autores, Enrique Loras, su esposa, María Antonia García Pombo, su hermana y uno de los directivos de Microgénesis, empresa con la que se efectuaba el presunto desvío de los fondos ingresados por el cobro del canon digital. Los cuatro declararán hoy ante el juez Pablo Ruz.

Al cierre de esta edición aún continuaban en dependencias judiciales la accionista mayoritaria de Microgénesis, Elena Vázquez, y el director financiero de la misma, Celedonio Martín.

Los nueve detenidos fueron arrestados el viernes por la Guardia Civil a resultas de una investigación abierta desde 2010 por la Fiscalía Anticorrupción a instancias del juez Baltasar Garzón, titular por entonces del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional.

Todo arrancó hace cuatro año por una denuncia de la Asociación de Internautas ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que se acusaba a los directivos de la SGAE apropiación indebida, estafa y fraude en la concesión de subvenciones.