Que la paz social sea con todos nosotros o no

El sacerdote antes de dar la comunión a sus feligreses transmite a todos estos sin excepción «que la paz del Señor sea con todos nosotros». Lo enuncia sin distingo alguno, adquiere eficacia general para todos los congregados. El cura, como buen cristiano, extiende el beneficio de la paz para todos. Todo lo contrario de lo que hace la Junta de Andalucía. Ella transmite y otorga la paz a quien le viene literalmente en ganas. Es otra forma de paz, la apellidada social, pero paz a fin de cuentas.

Era un secreto a voces, pero ahora se ha podido constatar por el buen hacer de la juez Alaya. La Junta de Andalucía admite que el fondo de reptiles servía para «hacer viable», vulgo «comprar», la paz social. Tan es así, que solicitó y así consta en el interminable sumario que los gestores del «fondo», desconcertados con la cuantía prevista para el año, demandaban una asignación cuantiosamente mayor para evitar la conflictividad que se avecinaba, por el incremento de las regulaciones de empleo previstas. Las cantidades previamente presupuestadas para 2010 se fijaron en algo más de 54 millones de euros, cuando los compromisos contraídos en el año anterior ascendieron a una cantidad aproximada de 82 millones. Teniendo en cuenta la espiral de despidos colectivos habidos en la comunidad desde el inicio de la crisis en el año 2007, el incremento del 70% en su número en 2010 sobre los habidos en 2009, todo hacía presagiar un incremento al alza en 2011.

De todo ello es fácilmente deducible el colapso originado en 2010, cuando comienzan los impagos de los compromisos previamente contraídos, acrecentados ahora como es por todos conocidos. Por todo ello, se requería desde los gestores del fondo, la dotación al mismo de mayores cantidades que las inicialmente previstas, con el doble objeto de atender a los compromisos ya adquiridos y asímismo atender el apoyo a nuevos expedientes, con el objetivo evidente de «evitar la conflictividad social, consecuencia de los conflictos laborales que se presenten en el transcurso del año».

Analicemos el mecanismo «más que curioso», de garantizar la paz social en Andalucía. A pesar de la perversión propia del sistema, el actual consejero de Empleo, admitió el otro día que «efectivamente, se va a seguir realizando en el futuro, lo que se ha hecho en el pasado y se hace en la actualidad, aportar los fondos necesarios para viabilizar la paz social». La paz social es necesaria, es un don que debe imperar en cualquier sociedad, pero ni se compra ni se vende. Y menos aún, se justifica sobre la base de un «proyecto técnico de encomienda de gestión», en el que se solicita la adscripción de ingentes cantidades de dinero para conformar el llamado «fondo de reptiles» desde el que el poder pueda hacer frente a los expedientes de regulación de empleo que así se disponga.

¿Y quién los dispone? O dicho de otra manera ¿Quién o quienes deciden a quienes se paga esas cantidades complementarias en las que consisten las prejubilaciones y a quienes se les veta esa posibilidad? Esa es la cuestión objeto de debate y por ella en Andalucía, la paz social no es para todos nosotros, sino para los que los sindicatos mayoritarios en connivencia con la Junta de Andalucía deciden. Para centrar la cuestión, hay que advertir que nos encontramos ante una doble situación. La incoación de un expediente de regulación de empleo, pactado entre empresa y representación unitaria de los trabajadores, al que en la fase de acuerdo se advierte la posibilidad de obtener ayudas por parte de la administración autonómica.

En esta segunda fase, la empresa ya se desvincula normalmente de esta otra nueva tramitación de expediente de ayudas, en las que se materializan las prejubilaciones u otras prebendas. En este segundo procedimiento, solo intervienen los trabajadores afectados, debidamente asesorados por algún sindicato, que suele coincidir por alguno de los dos considerados más representativos y la Junta.

Ésta, en lugar de someterse al procedimiento ordinario de Derecho Administrativo, desde la incoación, tramitación y resolución del expediente, lo ha sacado de la órbita del mismo, para no quedar supeditado a los controles y a las garantías administrativas que ello supone. De esta forma la arbitrariedad en su concesión es la nota característica. Solo así, la Junta puede hacer y deshacer a su antojo, en cuanto no supeditada por los controles ordinarios.

Por lo tanto, un acto de decencia administrativa y política, exigiría plena transparencia con la gestión de esos fondos, que en momentos absolutamente puntuales, pueden justificarse, pero no deben generalizarse. Amén de que deben establecerse los requisitos para los que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos. Transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión de los mismo, es lo que se pide y eso sí, mucho Derecho Administrativo en su tramitación y resolución. Es decir, la situación antitética a la actual. Lo que ha pasado hasta ahora es la mayor desvergüenza jamás conocida en la gestión de fondos públicos.

Los impuestos que pagan los ciudadanos, con carácter general no deben usarse para resolver problemas empresariales, que deben tener una consideración estrictamente privada, lo contrario sería hacer un uso inadecuado de los recursos públicos. Además, la generalización de ello, supondría beneficiar con recursos públicos a unos pocos en perjuicios de todos los demás. Asímismo, sería imposible intervenir de esa forma en todas las empresas que entran en situación de crisis, apareciendo ineludiblemente la arbitrariedad de la Administración en las soluciones conflictivas por el mero hecho de que los recursos son limitados. A lo que hay que añadir, en el caso del abominable fondo de reptiles, que estos han sido otorgados sin unas bases previamente establecidas, lo que implica arbitrariedad en su concesión.

Una reflexión a modo de pregunta ¿los intereses ciudadanos están a buen recaudo con administraciones como la nuestra que gestionan de esta forma? La respuesta es obvia, no. Lo que subyace en todo ello y que puede ser la forma de encontrar una explicación convincente del desaguisado planteado, es que los altos responsables políticos que muchas veces gestionan, sin puñetera idea de lo que tienen entre las manos, en evitación de conflictos, admiten planteamientos inaceptables.

La otra parte negociadora lo sabe y el precio que impone está fuera de lugar, a sabiendas que tarde o temprano verá colmadas sus pretensiones. Máxime cuando el horizonte temporal del político es de cuatro años. ¿La Junta y los sindicatos de verdad se acuerdan del pequeño taller con un trabajador cuando cierra?

Uno solo, ni moviliza a los políticos, ni a los sindicatos.