Arranca el juicio por la presunta estafa de las VPO de Parque Sur

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez acoge hoy la primera sesión del juicio de uno de los casos de supuesta estafa de VPO más sonados en la ciudad. En el banquillo se sentarán siete imputados de la empresa Urbe 2000 Grupo Inmobiliario, acusados de tres presuntos delitos de estafa continuada, alteración de los precios oficiales de los inmuebles y coacciones. Según uno de los escritos de acusación, al que este medio ha tenido acceso, los contratos para la adquisición de viviendas se firmaron en 2004 y en 2005 las obras se calificaron definitivamente.

Una vez comprada la propiedad, los denunciantes aseguran que los responsables de la firma dieron órdenes expresas a sus comerciales «a sabiendas y sirviéndose de engaños», de que exigieran a los compradores determinadas cantidades de dinero para el uso y disfrute de las zonas comunes. Unos montantes que oscilaban entre los 3.000 y los 50.000 euros y que presuntamente se pagaban en dinero negro, para lo que muchos de los afectados tuvieron incluso que pedir un crédito.

Éste era el caso de los patios de las primeras viviendas, por ejemplo, como consta en el escrito, para lo que según manifestó una de las trabajadoras de la empresa había dos opciones: tapiar el acceso para el disfrute de los inquilinos de las plantas bajas o abrirlo, para lo que los de esos inmuebles debían pagar una cantidad adicional «sin recibo alguno», algo que ocurría también con los áticos en referencia a los metros de terraza.

Hasta diez años de cárcel

Según la acusación, en el contrato, sin embargo, ya se incluía en el precio tanto la vivienda en sí como el uso de espacios como el patio. Por todo ello, el abogado de una de las personas demandantes solicita penas de diez años de cárcel desglosadas de la siguiente manera: seis por un presunto delito de estafa continuada, más 18 meses de multa a razón de 20 euros por día; dos años por un presunto delito continuado de alteración de los precios oficiales de los inmuebles y otros tres por un presunto delito de coacciones.

En concepto de responsabilidad civil, pide que se desembolse la cantidad que se exigió al perjudicado por esa utilización de las zonas comunes, más unos intereses de más de 2.500 euros. Cabe destacar que la Junta de Andalucía también se personará en el proceso como acusación particular, argumentando que en el sumario de la causa se deduce que los acusados obtuvieron esas cantidades adicionales de dinero mediante «engaños, con el fin de lucrarse de forma ilícita».

La otra cara de la moneda, no obstante, la protagoniza la propia Fiscalía que ha optado por no presentar cargos. Lo que el Ministerio argumenta para decretar el archivo de las actuaciones es que a pesar del «ardid» que la promotora pudiera haber llevado a cabo para adquirir un dinero adicional, los denunciantes ya conocían con anterioridad a la firma del contrato que se les podía cobrar un sobreprecio como así se lo hicieron saber los trabajadores de la compañía.

De hecho, entregaron a la promotora los montantes exigidos de manera «irregular, sin adoptar una actitud de mínima diligencia» dirigiéndose a la administración o a cualquier asesor, a fin de que les informara de la «anómala forma de operar de la promotora». En el contrato, incluso, la Fiscalía afirma que se recogía el uso y disfrute del patio o la terraza «según los casos».