Editorial

Debate final

El fin de la legislatura volvió a evidenciar la incapacidad de PSOE y PP para ponerse de acuerdo sobre los intereses comunes

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El debate sobre el estado de la nación, celebrado ayer en el Congreso de los Diputados, no pudo sustraerse a la diatriba sobre la continuidad de la legislatura o la disolución anticipada de las Cortes, relegando la discusión sobre el momento que atraviesa la economía española, sus consecuencias sociales y las iniciativas de ajuste y reforma precisas. La aparente firmeza con la que en otras ocasiones el presidente Rodríguez Zapatero había mostrado su propósito de agotar este segundo mandato pareció desvanecerse, no tanto por la insistente exigencia de Mariano Rajoy de elecciones inmediatas como, probablemente, por la necesidad que el Gobierno y el PSOE tienen de contemplar su eventual convocatoria a la vuelta del verano. En otras circunstancias, a las alturas en que se encuentra la legislatura, no hubiese sido especialmente relevante si las próximas generales se celebran en otoño o en la próxima primavera. Pero las turbulencias que se suceden en torno a la deuda soberana en las economías del euro, el retraso en el inicio de la reactivación en España y el sesgo electoralista que adquirirá cada posición política, sea del Gobierno o sea de la oposición, durante los próximos meses aconsejarían una de dos: o alcanzar un consenso básico en materia de consolidación fiscal y en cuanto a las reformas más urgentes, o despejar cuanto antes las claves de gobernabilidad para los próximos cuatro años. En pocos días la tramitación parlamentaria del techo de gasto para los presupuestos de 2012 clarificará algo más la situación, en tanto que mostrará qué voluntades partidarias coinciden con el Gobierno en su inicial propósito de agotar la legislatura. En cualquier caso el debate de ayer volvió a evidenciar que las dos formaciones que se disputan la presidencia del Gobierno siguen rehuyendo una política compartida frente a la crisis y por la recuperación. Ni siquiera la constatación de que los socios rescatados -Grecia, Irlanda y Portugal- padecen las consecuencias de haber sumado a sus dificultades financieras la incapacidad de sus principales actores políticos para ponerse de acuerdo ha servido de escarmiento. Lo cual hace temer que el desencuentro se perpetúe, a pesar de que las pautas establecidas en el seno del Eurogrupo delimitarán un campo de juego ciertamente estrecho también para quienes gobiernen en la próxima legislatura sin que quienes se opongan a ellos puedan eludir tales límites. .