Antonio Fernández recurrirá para que no investiguen a su familia

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado en la causa por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, ha recurrido la decisión de la juez Mercedes Alaya de ordenar a la Policía Judicial investigar el patrimonio de sus hijos, hermanos y esposas, en total una docena de personas que se verán «denigradas y estigmatizadas».

En un recurso, el abogado del ahora presidente del Consejo del Vino asume como «inevitable» la investigación patrimonial sobre el exconsejero, pero añade que indagar en los bienes de su familia es una medida «a todas luces inmotivada, desproporcionada, innecesaria e inútil». Se trata de una docena de personas, entre ellos los dos hijos y cuatro hermanos del exconsejero, que verán «gravemente perturbada» su «pacífica convivencia y tranquilidad personal y familiar», en una investigación «abiertamente lesiva de su derecho a la intimidad y a la privacidad».

Los destinatarios de la investigación son «sujetos plenos de derechos y obligaciones, con su vida propia enteramente independiente de la del señor Fernández y sus circunstancias», sostiene el recurso.

El recurso presentado por el abogado Alfonso Martínez del Hoyo destaca que esa investigación sume a Fernández «en completa indefensión», pues «ni siquiera ha sido oído ni policial ni judicialmente, por lo cual no ha tenido ocasión de brindar su propia versión de lo acontecido y ofrecer los elementos exculpatorios a su alcance».

Además, hasta donde conoce la defensa, «en ningún momento» el ex director general de Trabajo, Francisco Javier, «ha manifestado lo que se dice en el auto» en el sentido de que Fernández fuera conocedor de que se habían incluido en los ERE a personas próximas o que nunca habían trabajado en las empresas.

El exconsejero aprovecha para entregar documentos que, asegura, demuestran que fue incluido en el ERE de la bodega González Byass «obligatoriamente por criterio de edad» y que no se incluyó a sí mismo en dicho expediente. Y considera que la investigación de su familia es una decisión «profundamente injusta», mientras que en su caso personal «lo asume con total tranquilidad».