Blanca Alcántara: «Todas las obras en los colegios están hechas»

Un día después de saltar la noticia sobre la denuncia de Fiscalía por la supuesta malversación de 3,6 millones de euros del presupuesto para obras en colegios gaditanos, se produjo por fin la primera reacción de la Administración salpicada por este asunto. Entre bambalinas reconocían desde la Delegación Provincial de Educación que la exclusiva difundida por este medio el pasado domingo, les había cogido «fuera de servicio» y que necesitaban tiempo para recopilar la información.

La delegada provincial de Educación, Blanca Alcántara, compareció en rueda de prensa y aunque trató de mostrarse segura en sus afirmaciones, a la hora de ser preguntada por los asuntos claves de la investigación, derivaba las respuestas hacia el ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) de Andalucía, «porque son ellos los que contratan»; o reconocía desconocer por qué, entre otras cuestiones, la adjudicataria que recibió los contratos bajo sospecha, por valor de 3,6 millones y que según una inspección de la Agencia Tributaria no se ejecutaron en su mayoría, ya no trabaja para el ente público.

Muy cerca de la delegada provincial se encontraba ayer la gerente provincial del ISE de Cádiz, María del Mar Moralejo -exsecretaria general de Justicia de la Consejería-, quien sustituyó en octubre a Fernando Ameyugo Catalán, principal sospechoso en la trama denunciada por la Fiscalía. Moralejo, desde la distancia y con gestos, ayudó en sus intervenciones a la delegada provincial que de forma categórica aseguró que todas las obras que revisó la Agencia Tributaria han sido ejecutadas. «Toda la documentación técnica en poder del ISE de Cádiz certifica que están realizadas». Esa constatación se hizo ayer por la mañana, a contrarreloj, «para que los andaluces sepan que ni se está malversando ni gastando dinero público». Sin embargo, la misma delegada confirmó que no se había hecho ningún peritaje a pie de campo. Algo que sí hizo una arquitecta adscrita a la Agencia Tributaria y cuyas conclusiones determinaron la denuncia de la Fiscalía.

Según aparece en las diligencias, esta perito confirmó que el valor de la obra ejecutada era muy inferior a lo que la sociedad adjudicataria de esos trabajos había certificado al ISE. Es más, el técnico llegó a cifrar en un 84,73% el total de trabajos que si bien habían sido concluidos sobre los papeles, en realidad no se habían ejecutado. La versión, por tanto, de la Agencia Tributaria, es completamente diferente. Esta disparidad de visiones radica en la fiabilidad que Educación y el fisco le dan a la documentación que aportó la sociedad Contratas y Mantenimiento Pacheco S. L. al ISE. «Presuponemos que no hay irregularidades de tipo delictivo en la documentación que tenemos en mano, pero en unos tres o cuatro días podremos desarrollarla más».

En cambio, para la Fiscalía y la Agencia Tributaria esa documentación no se corresponde con el verdadero grado de ejecución de los trabajos y por eso el Ministerio Público ha planteado una denuncia sobre indicios «poderosos» de que pudo haber una malversación de dinero público. Sobre el peritaje que realizó la Agencia Tributaria, Alcántara se limitó a decir «que es respetable» pero que no lo comparten.

Las lecturas de una misma documentación son tan opuestas, que ante las preguntas de los medios por aclarar cómo Educación podía desmentir con tanta claridad el informe de otro organismo público como la Agencia Tributaria, la delegada provincial apeló a contextos económicos diferentes y a una particular interpretación de ellos: «No pueden perder de vista que esos años, eran los años del 'boom inmobiliario'. Había escasez de empresas -se refiere al sector de la construcción- porque había una importantísima movida del ladrillo. Las obras eran distintas y los precios también». Para Educación, así, el desfase detectado por el fisco puede obedecer a diferencias de coste de los trabajos analizados entre los años 2006 y 2008, cuando la crisis económica, por cierto, ya había estallado en el país.

Otra pata de este caso que ahora investiga el juzgado de Instrucción nº 2 de Cádiz es la forma de adjudicación de esos contratos, siempre a la misma empresa y a dedo. Alcántara repitió la misma argumentación que ya dio Educación al fisco: la urgencia en la ejecución. Sin embargo, la Fiscalía niega que existan razones justificadas para haberse saltado los concursos públicos en los contratos y que «todo lo cual es claramente sugestivo de desvío de fondos públicos», indica la denuncia.

La delegada hizo un repaso de cómo había sido la relación entre la Agencia Tributaria y el ISE desde que en junio de 2010 se puso en contacto el fisco con el ente público para recopilar información sobre la adjudicataria que está siendo investigada. «La agencia tributaria indicó que esa documentación -los contratos suscritos con Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L. -eran relevantes para poder determinar eventuales responsabilidades de los administradores de esa sociedad dentro de una investigación que realiza sobre redes de emisión de facturas falsas en esta provincia». A partir de esa fecha, según la delegada provincial, la interlocución recayó en la dirección general del ISE, ubicada en Sevilla, responsabilizándolos de toda la documentación que habían remitido al fisco. Es más, Alcántara aseguró que la delegación que dirige desconocía en octubre, cuando fue destituido el exgerente provincial, que estaba siendo objeto de una inspección fiscal.

El énfasis lo puso no sólo en garantizar que las obras estaban realizadas sino también en defender la colaboración prestada a la Agencia Tributaria. Así desmintió una vez más al fisco al asegurar que se le había entregado la totalidad de los expedientes requeridos -unos 40, aunque los que han sido denunciados son 29-. «No es por tanto cierto que se haya ocultado información. Se facilitó a la agencia toda la documentación solicitada de carácter tributaria y la técnica relativa a la certificación de obras realizadas».

Una vez más, la delegación provincial de Educación entraba en una profunda contradicción con el informe remitido por la Agencia Tributaria. La denuncia de la Fiscalía relata explícitamente cómo el exgerente provincial no aportó documentos reclamados por los inspectores, entre ellos el informe de solvencia de la sociedad Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L. Dicho documento es requisito imprescindible para otorgar un contrato a una empresa sin mediar concurso alguno. La Administración debe comprobar que adjudica trabajos a sociedades con capacidad para evitar posibles pufos. «Desde diciembre de 2010, ni ISE Andalucía ni la Consejería ha recibido requerimiento alguno; por lo que se entendió que la demanda estaba satisfecha». Sobre las supuestas trabas que pudo poner Fernando Ameyugo, como indican los inspectores, la respuesta fue ésta: «No sé, no estoy en contacto con él».