Reclaman que el consejero comparezca y aclare si hay más casos en otras provincias

En los informativos nacionales se hablaba ayer de las altas temperaturas, pero donde el calor más aprieta, el tema de conversación era otro. La denuncia presentada por la Fiscalía de Cádiz ante el supuesto desvío de 3,6 millones de euros del presupuesto destinado a las reformas y obras en centros educativos de la provincia gaditana estalló ayer en medio del sopor de un domingo de calima más. El Partido Popular ha sido el primero en reaccionar ante la noticia publicada por LA VOZ de Cádiz, pidiendo medidas urgentes; la primera, que el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, comparezca en sede parlamentaria para que aclare el alcance de la investigación que se está desarrollando en el juzgado de Instrucción nº 2 de Cádiz.

La base de esas pesquisas está en un informe elaborado por la Agencia Tributaria en el que se detalla importantes irregularidades en la adjudicación -siempre a dedo y a la misma empresa-, y la posterior materialización de obras en colegios durante los ejercicios de 2006 hasta 2008. Según ese informe inicial, los trabajos que en realidad se ejecutaron tienen un valor muy inferior al pagado o ni siquiera se ejecutaron, pese a que se libraron partidas que acabaron presuntamente a manos de una familia empresaria de la provincia gaditana en connivencia con un alto cargo de la Junta. Los primeros indicios los señalan a ellos: a los primeros como administradoras de la única sociedad adjudicataria de los contratos bajo sospecha; y al que fuera gerente provincial del Ente Público Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) en la época investigada, Fernando Ameyugo Catalán, porque su firma aparecen en todos los contratos que ahora serán revisados por el juez instructor.

«Cuando dentro de muy pocos meses comience el curso escolar en Andalucía, habrá miles de niños que inicien su curso en una caracola; mientras, había gente que se estaba llevando el dinero para la construcción de los colegios», decía ayer el vicesecretario andaluz de los populares, Ricardo Tarno, en referencia al asunto destapado por este medio en su edición de ayer. Además de la comparecencia en sede parlamentaria, el portavoz del PP le dirigió una pregunta al consejero De la Chica: «¿Puede asegurarnos a todos los andaluces que la trama de desvío de dinero en la construcción de centros educativos solo ha pasado en Cádiz?». Desde las filas populares tienen la sospecha de que este caso tendrá una dimensión mayor en próximas fechas, con la aparición de más irregularidades en las contrataciones efectuadas en otras provincias andaluzas.

Aunque le pidieron también al consejero del ramo que diera explicaciones rápidas, en el epicentro del caso, en la Delegación Provincial de Cádiz, ayer optaron por guardar silencio a la espera de recopilar toda la información. Hay que recordar que de las once personas que están llamadas a declarar como imputados solo una perteneció al ISE de Cádiz. El exgerente Fernando Ameyugo abandonó por la puerta de atrás su cargo el año pasado cuando la investigación que estaba realizando el fisco ya estaba en marcha. No hay menciones en la prensa de su salida, ni tampoco referencias a su nuevo destino -si lo tuviere- como ocurre entre los altos cargos de la Junta. Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que su salida estuvo motivada por su «caótica organización» del trabajo, pero nunca por sospechas de haber malversado dinero público alguno. Su relevo ha sido la exsecretaria general de la Consejería de Justicia, María del Mar Moralejo Jurado.