Editorial

La gran prueba de Bildu

La coalición debe demostrar desde el Gobierno su compromiso real con la democracia

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La elección de Martín Garitano como nuevo diputado general de Guipúzcoa abre una etapa sin precedentes en la política nacional. Nunca antes los herederos políticos del abertzalismo radical habían atesorado tanto poder. Lo han conseguido en las urnas, con ETA aún viva y gracias al desencuentro total entre el PNV y el PSE, las dos formaciones políticas que han vertebrado el País Vasco desde la llegada de la democracia. Ahora la gran incógnita es el modo en que Bildu asumirá sus responsabilidades de gobierno y, sobre todo, su posición real frente a la violencia. En su estreno ayer como diputado general, Martín Garitano recurrió al viejo lenguaje de la izquierda abertzale, que justifica la violencia etarra como una «consecuencia del conflicto». No solo evitó pedir a ETA su disolución, sino que tampoco trasladó ningún mensaje mínimamente esperanzador para aquellos que confiaban en que Bildu comenzaría a desmarcarse de la ortodoxia histórica de los herederos de Batasuna. Propuso la apertura de un «diálogo» entre el Gobierno y la banda terrorista, y llegó a equiparar a las víctimas con los presos. Bildu rechazó así que la desaparición de la amenaza etarra constituya el requisito indispensable para que cualquier planteamiento político o ideológico pueda defenderse dentro del estado de derecho. La pretensión de que el «cambio» auspiciado por la coalición tenga lugar bajo la tutela, sombra y acompañamiento de ETA o fomente la desmemoria constituye un factor de radical distanciamiento entre quienes procuren eso y el resto de la sociedad. El Gobierno mostró ayer su confianza en que el nombramiento de Martín Garitano suponga entrar «en una fase distinta y quizás definitiva para el fin de la violencia». Un deseo que ojalá pueda cumplirse pronto. Con todo, el Ejecutivo debe utilizar todos los medios disponibles e intensificar la vigilancia a Bildu de modo que, como dijo ayer el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, cualquier reviviscencia del terrorismo «conlleve su inmediata ilegalización».