Extremadura, cuestión de palabra

La política en Extremadura es cuestión de palabra. El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, confía en la abstención de los tres diputados de IU que le daría la investidura porque son «hombres de palabra». El coordinador general de la coalición, Cayo Lara, también espera que la federación extremeña «cumpla la palabra» porque los votos que recibió el 22 de mayo no fueron para facilitar un gobierno del PP. Ahora falta por ver qué palabra prevalece.

La situación es endiablada. Los tres parlamentarios de IU son prisioneros de la decisión del Consejo Político Regional y de las asambleas locales de militantes que acordaron abstenerse en la votación de investidura de Monago. Pero la Presidencia Federal de la coalición, el órgano que establece las políticas de alianzas, resolvió que no, que no cabe la abstención y exigió una rectificación. Los tres diputados están en una olla a presión. No hay camino intermedio. Desde Mérida se reclama autonomía para decidir, y desde Madrid, coherencia con lo prometido, que es no facilitar gobiernos del PP.

Monago está convencido de que su confianza en IU tiene fundamento. Está tan seguro que ha empezado a vender la piel del oso antes de cazar al plantígrado. Anunció ayer que su gobierno se limitará a siete consejerías y que buena parte de ellas estará dirigida por independientes.

Uno de los asuntos más peliagudos que tendrá que torear Monago, gran aficionado taurino, es la recuperación del impuesto de sucesiones, exigida por IU, pero opuesta a la filosofía del PP, que ha eliminado esta carga fiscal en algunas de las comunidades donde gobierna, como Madrid. De entrada, ya ha dicho que va a «modular» su recuperación.

La dirección de la coalición tiene casi asumido que va a ser imposible revertir la situación y que sus diputados se abstendrán. Algunos barruntan la posibilidad de que dos de los diputados respalden al socialista Guillermo Fernández Vara, y el tercero se abstenga.

De esa forma se produciría un empate a 32 votos que si no se deshace en dos meses obligaría a convocar nuevas elecciones. Una pirueta estrambótica, a juicio de Fernández Vara, el hipotético beneficiado de la misma, pero que se ve en la oposición, desde la que garantizó una transición de poderes «modélica».