Grecia intenta endulzar los ajustes en su negociación con la Unión Europea

El Gobierno griego empezó a negociar ayer con los enviados de la UE y el FMI una serie de reajustes en el decisivo programa de recortes que se votará la próxima semana en el Parlamento. El Ejecutivo heleno pretende introducir cambios para contener el descontento popular, aunque no podrá tocar las cifras globales del plan de austeridad. Los socios europeos y el organismo monetario exigen un tijeretazo de 6.500 millones este año y 78.000 hasta 2015. La aprobación de las medidas es indispensable para que Atenas acceda a las ayudas que le salvarían de la bancarrota.

Las negociaciones arrancaron apenas unas horas después de que Grecia cumpliera con el primer requisito de la UE para que no se suspendan los créditos previstos en el rescate articulado hace poco más de un año. El primer ministro heleno, George Papandreu, superó únicamente con los votos de su partido una moción de confianza planteada después de que remodelara el Gobierno la semana pasada. Una vez corroborado su respaldo parlamentario, el dirigente socialista se ha volcado en conseguir el apoyo necesario para sacar adelante el próximo martes su plan de austeridad.

Los primeros pasos para blindar la aprobación del programa se concentraron en retocar algunos recortes. El nuevo ministro de Economía, Evangelos Venizelos, apostó por «hacer más justas las medidas». «Nuestra prioridad va a ser poner en marcha un nuevo modelo impositivo que termine con la provocadora injusticia de la evasión fiscal», proclamó. Uno de los grandes problemas es la elevada tasa de defraudadores, en torno al 25% de la población según los cálculos del Ejecutivo.

Venizelos pretende graduar mejor el impuesto extraordinario ideado para pagar los subsidios por desempleo. Con una tasa de parados superior al 14% y dificultades en la recaudación, el titular de Economía quiere que se suba un punto la carga fiscal a los sueldos de entre 12.000 y 24.000 euros anuales y tres a las nóminas superiores a los 65.000. Además, se aplicará un nuevo gravamen a los inmuebles valorados en más de 200.000 euros, así como a bienes de lujo como coches, yates y mansiones con piscina.

Críticas de la ONU

El programa de austeridad, que incluye una macroprivatización estimada en 50.000 millones de euros, también contempla un hachazo en el número de funcionarios. Hasta 2015, 150.000 de los 700.000 empleados públicos abandonarán sus puestos bajo distintas fórmulas. Venizelos quiere reducir la presión sobre este colectivo y suavizará paralelamente los descensos salariales previstos. Los enviados de la troika formada por la UE, el FMI y el Banco Central Europeo escucharon ayer un adelanto de los reajustes y supervisarán que se cumplan los compromisos pactados.

La ONU no comparte la austeridad recetada por Bruselas a Grecia o España. En su informe mensual, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales del organismo llamó a los gobiernos a «reaccionar con prudencia ante las presiones en favor de la consolidación fiscal». Los expertos de Naciones Unidas apuntaron que un tijeretazo demasiado profundo «puede interrumpir la recuperación» de un país.

El jefe del principal partido de oposición en Grecia, el conservador Antonis Samaras, esgrime un argumento similar al de la ONU para rechazar el plan del Gobierno. «Me piden que apoye la misma medicina que nos está matando», remarcó ayer en el 'Financial Times'. La postura del líder de Nueva Democracia se considera vital porque el gubernamental partido socialista (Pasok) soporta fuertes tensiones internas. Ante esta situación, nadie se atreve a pronosticar que Papandreu logrará sacar adelante sus recortes. El 'no' parlamentario podría provocar una hecatombe en los mercados.

Pese a las dudas sobre los apoyos reales del primer ministro heleno, los socios comunitarios ya han empezado a trabajar en el segundo rescate del país. Este salvavidas, que también está vinculado a la aprobación de los recortes, garantizaría la estabilidad de Grecia a medio plazo. Alemania, Francia y Holanda empezaron a contactar ayer con bancos, seguros y fondos de pensiones para lograr su implicación «voluntaria» en el nuevo programa de ayudas.