El fiscal de Madrid interrogará a médicos y monjas para agotar todas las pesquisas

La Fiscalía de Madrid interrogará próximamente a los médicos y a las enfermeras, muchas de ellas monjas, a quienes las familias afectadas han vinculado en sus declaraciones ante el Ministerio Público con la desaparición de sus hijos recién nacidos. Así lo confirmó ayer el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, antes de reunirse con el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Manuel Moix, y otros nueve fiscales del tribunal madrileño encargados de tomar declaración a las familias que han denunciado el robo de bebés nacidos entre la década de los cuarenta y los noventa.

Las citaciones de supuestos implicados en la sustracción de neonatos con la excusa de que habían fallecido tienen como objetivo «agotar todas las vías de investigación» en cada caso denunciado.

Sin embargo, Eduardo Esteban también ha advertido de las dificultades que entraña investigar sucesos ocurridos hace tantos años como está ocurriendo en Cádiz y adelantó algo que temen mucho las familias que han puesto su caso en manos de la Justicia. «Un gran número» de los casos investigados, según Esteban, serán archivados por falta de documentos y porque no hay verdadera «constancia de lo que pasó», ya que sólo existen certificados de defunción de bebés que luego, supuestamente, pasaron a ser enterrados en osarios comunes. Son las mismas dificultades con las que se está encontrando la Comisaría Provincial de Cádiz.

Los delitos que pueden ser imputados a los implicados son la falsedad documental -por realizar inscripciones falsas de supuestos fallecimientos-, la sustracción de un menor y la detención ilegal. Bajo el criterio del fiscal jefe madrileño, si se acusa a una persona de detención ilegal por quedarse con un bebé que no es suyo, serían los padres no biológicos los imputados; algo que no quieren las propias víctimas, aseguró Esteban.

Por último, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid reiteró la intención de que las acciones judiciales que se emprendan lo sean de forma «unitaria» y «común» en todas las comunidades autónomas, tal y como ha aconsejado en varias ocasiones el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Unas actuaciones que tienen como referente las primeras investigaciones realizadas en el Campo de Gibraltar, las más avanzadas en el país, y que culminaron en la primera denuncia formal del Ministerio Público ante los juzgados.