Lebrero: «Estar imputados en el caso del PTA garantiza nuestra defensa»

«Todavía no he recibido ninguna notificación, pero se trata simplemente de una figura de protección a un ciudadano al que se cita a declarar». Así se refería ayer el portavoz del PSOE, Francisco Lebrero, a la decisión de la juez del Juzgado de Instrucción número cinco de Jerez de llamarle a declarar como imputado junto a la exalcaldesa Pilar Sánchez y a la exdelegada del Medio Rural, María del Carmen Martínez, por la presunta concesión de ayudas irregulares a dos empresas en el caso PTA.

Aparte de ellos, otras siete personas -entre ellos los responsables de las entidades implicadas- tendrán que prestar declaración en el juzgado el próximo mes de julio tras la denuncia interpuesta por el PSA ante la Fiscalía Anticorrupción.

Por ello, Sánchez y sus delegados tendrán que explicar ante la juez si dieron un «trato de favor» a dos entidades «rebajando» el precio de compra de suelo que adquirieron en los terrenos del PTA (Parque Tecnológico Agroalimentario) «en más de 200.000 euros», según la denuncia interpuesta por el PSA, e infringiendo como consecuencia la baremación fijada para el resto de empresas interesadas en la compra del suelo.

«Yo ya hace tiempo dije, hablando con los grupos entonces de la oposición, que había que dilucidar estos temas en el ámbito de la judicatura. Y no tengo nada más que decir», insistió Lebrero, portavoz del PSOE en la oposición.

Ante la insistencia de los periodistas, señaló que «estoy total y absolutamente tranquilo, ya que se trata de una garantía procesal. Por tanto si antes estaba tranquilo, ahora estoy tranquilo y sereno».

No obstante, Lebrero no llegó a defender la legalidad de la actuación, señalando que será la justicia quien dilucidirá: «Entiendo que sí son legales», contestó a los periodistas en relación con las citadas ayudas a las empresas.

En cuanto a María del Carmen Martínez, exdelegada del Medio Rural también imputada, hay que recordar que ya compareció como testigo. Sin embargo, sí fue más tajante señalando que «creo que la denuncia no tiene fundamento», al margen de que «sea la justicia quien determine».

Las diligencias, que instruye el Juzgado de Instrucción número 5, pretenden esclarecer por qué en un segundo informe se alteraba la baremación que se había dado en un primer momento a la empresa Tecnología Innovación Sanitaria, lo que rebajaba sustanciosamente el precio de la compra de suelo. Otra de las empresas vinculadas a este caso es La Ibense Bornay.

El proceso sigue adelante. Hay que recordar que el técnico municipal que testificó en la apertura de diligencias dijo que llegó a firmar únicamente el primer informe, y que se negó a dar el visto bueno al segundo. Por su parte, el otro empleado, un administrativo, fue el que dijo que si dio el visto bueno a la segunda baremación fue porque recibió órdenes de arriba.

En la primera baremación (16 de abril de 2007) a Tecnología Innovación Sanitaria se le otorgaron 9 puntos, lo que significaba que podía optar a una ayuda del 20%. Pero esta valoración fue desestimada, «según parece deducirse por Pilar Sánchez» -reza el escrito remitido en su día por el PSA a la Fiscalía- para que pudiera llevarse a cabo una nueva baremación.

En la segunda, la firma alcanzó 14 puntos, lo que supone un 40% de descuento sobre el precio fijado para la compra de suelo, es decir, unos 240.000 euros.