La Junta actualiza la Ley de Turismo después de doce años

El sector turístico andaluz lleva funcionando desde 1999 con la misma legislación y es evidente que la realidad económica de este sector ha cambiado mucho en doce años. Ayer el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el proyecto de una nueva norma que tiene como objetivo adaptarse a las necesidades de un sector que suponen el 11% del PIB de Andalucía y genera más de 340.000 puestos de trabajo al año.

El proyecto recoge en sus 84 artículos medidas de ordenación, promoción, mejora de la accesibilidad a los recursos, impulso a la cooperación público-privada, fomento de la creación de empleo y reforzamiento de las garantías de calidad y seguridad para usuarios y trabajadores.

Uno de los aspectos más interesantes de la norma es la simplificación de trámites y agilización de procedimientos, tal y como vienen previstas en la Directiva Europea de Servicios en el Mercado Interior, con el fin de agilizar la creación de empresas turísticas. Entre ellas destaca la sustitución de la autorización administrativa para el inicio de la actividad por una declaración responsable del interesado, que permita una posterior actuación inspectora. La eliminación de este trámite hará que los empresarios turísticos ganen meses que hasta ahora invertían en papeleo. Una vez que el emprendedor presente esta declaración ante la Junta, su establecimiento entrará en el registro andaluz. La Inspección será la que se presente en la empresa para comprobar que se cumple lo declarado.

Otra de las novedades que incluye esta norma, que es mucho más amplia que la anterior, es la inclusión de las directrices de los Planes de Ordenación Territorial en los planteamientos turísticos, a los que afectan directamente. El objetivo de la administración andaluza es que se consiga un mejor aprovechamiento de los recursos y actividades de cada zona. Además, la normativa en elaboración establece una reclasificación de la oferta (con la distinción básica entre servicios turísticos y actividades con incidencia en el sector). Y establece una reclasificación de la oferta para introducir la distinción básica entre los servicios turísticos (alojamiento, intermediación, información, turismo activo, restauración y 'catering') y aquellas otras actividades con incidencia en el sector (estaciones de esquí, campos de golf, puertos deportivos, entre otras).