AYUDAS MILLONARIAS QUE NO FLORECEN

La Junta ha puesto voluntad y esfuerzo económico para reflotar el tejido industrial de la Bahía, pero el resultado no es, desde luego, el deseado. Demasiado dinero público invertido para tan poca incidencia en el mercado laboral de la provincia. La Consejería de Innovación ha destinado en los últimos tres años a través de la Agencia IDEA más de 132 millones de euros para modernizar empresas en Cádiz y abonar el terreno con el objetivo de captar nuevas inversiones. De hecho, un millar de negocios ha recibido estas ayudas que, sin embargo, no se han traducido en un incremento de puestos de trabajo. Al contrario, el desempleo ha subido durante los últimos 36 meses y la tasa interanual de paro se sitúa ya en la provincia en el 30%, frente al 21% de media nacional. Cádiz es la tercera provincia, por detrás de Málaga y Huelva, en volumen de desempleados.

El agujero que abrió en mitad de la Bahía el cierre de Delphi en febrero de 2007 aún no se ha tapado. El terremoto laboral que provocó la deslocalización de esta factoría y el despido de sus 1.900 trabajadores obligó a la Administración regional a diseñar un plan de actuación para regenerar el tejido industrial de Cádiz. La Junta ha tratado, desde entonces, de cubrir aquel fiasco a golpe de incentivos millonarios, pero la crisis ha terminado finalmente por engullir esa cascada de ayudas públicas sin ofrecer a cambio garantías de futuro.

La provincia no puede tener queja de la inversión pública. Otra cosa bien distinta es cómo se ha gestionado. Cádiz ha recibido dinero del Gobierno central mediante el Plan de Reindustrialización. Unos 200 millones de euros se han enterrado en la provincia desde 2007 para mejorar la competitividad de las industrias gaditanas. Otro capítulo es el que ocupa la recolocación de los antiguos trabajadores de Delphi. El proceso de formación, prejubilaciones y salidas laborales de este colectivo ha supuesto hasta la fecha 500 millones de euros de inversión pública.

La tercera pata es la aportada por la Consejería de Innovación. La Junta apostó ciegamente en 2005 por la investigación y desarrollo y no escatimó recursos a la hora de consolidar el tejido industrial en zonas como Huelva y Cádiz. En 2008, por ejemplo, la Agencia IDEA canalizó en Cádiz subvenciones por valor de 30 millones de euros para proyectos presentados por 263 empresas. El pellizco más suculento se lo llevó entonces la firma aeronáutica de El Puerto SK10, que percibió 10 millones de euros. Al año siguiente, la crisis se dejaba sentir con toda su crudeza y los recursos públicos seguían fluyendo. Ese año, la Junta canalizó en la provincia 56 millones de euros en ayudas para 181 empresas. Las tajada más importante las acaparó Alestis, que recibió 21 millones de euros. Ese mismo año, la consejería destinaba otra inyección económica al Plan Bahía Competitiva, diseñado para la captación de nuevas empresas con interés en posicionarse en Cádiz. Así, en el paquete de ayudas Celulosa Investment recibe 9,5 millones de euros para producir microalgas en Jerez, mientras Componentes Nanotecnológicos Industriales se hace con 2,9 millones de euros para su nueva planta de Puerto Real, donde iniciaría su producción de aparatos de calefacción por infrarrojos.

La inversión pública sigue en 2010 con 46 millones de euros para 267 empresas. En este caso, la implantación de Gadir Solar en Puerto Real se lleva un pellizco de 3,2 millones de euros, mientras que la nueva planta de pastas de la firma Oromas, en el Bajo de La Cabezuela recoge 8,5 millones de euros en concepto de ayudas públicas.

El representante de CC OO en el sector industrial, Jesús Serrano, reconoce que las expectativas no se han cumplido y el dinero público que se ha invertido en Cádiz en los últimos tres años no ha tenido un efecto colateral positivo. En su opinión, la Bahía sigue ligada a astilleros y a Dragados y desde el cierre de Delphi no se ha logrado fijar una alternativa, «ya que los sectores aeronáuticos y de energías renovables tampoco han cuajado». Serrano va más allá en el asunto económico y pregunta si la Junta ha controlado todo el dinero que ha entregado. El líder sindical destaca como Intec Air recibió 468.000 euros en 2009 para modernizar la empresa «y plantea en estos momentos 15 despidos».

El último dato de paro en la provincia corresponde al pasado mayo, que dejó 173.289 desempleados, de los que 13.835 corresponden al sector industrial. El delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, justifica en todo momento la ayuda pública. Aclara que las subvenciones mantienen o crean empleo, «pero nunca lo destruyen». Es decir, qué hubiera pasado en Cádiz si no llega ese dinero. Seguramente, la situación sería aún peor. El sector industrial ha perdido entre mayo de 2008 y mayo de 2011 un total de 5.601 empleos. Bouza destaca que las ayudas de la Junta están vinculadas, sobre todo, a la industria y, pese a todo, es el sector que mejor se ha comportado.

Las dificultades económicas no han mermado la capacidad de ayuda de la Junta. La Delegación Provincial de Innovación comunicaba a primeros de junio el apoyo económico a 26 proyectos industriales en la provincia por una suma de 745.000 euros. La mayoría de estas ayudas se destinará a la modernización de empresas.

El gerente del Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Fernández, al igual que Jesús Serrano, de CC OO, incide en la máxima de eficacia y gestión de los fondos públicos. El tópico de tirar con pólvora ajena explica cómo se invierte con dinero público sin calibrar los resultados. Según Fernández, no existe un seguimiento en la eficacia de la gestión y tampoco una responsabilidad. Mientras que a los contribuyentes se les exige austeridad, control del gasto y ahorro, «a la empresa pública nadie le pide cuentas sobre su eficacia». Según Fernández, la política de subvención y ayudas públicas que hemos disfrutado en los últimos años tiene fecha de caducidad, ya que hay países de la Unión Europea que ahora necesitan este dinero como en su día lo necesitó España.

Por tanto, y pese a esas ayudas, no hay garantías de una recuperación a corto plazo.