La Audiencia Nacional investiga si la familia Botín evadió impuestos

La Audiencia Nacional va a investigar a la familia Botín -Emilio, presidente del grupo Santander, y sus cinco hijos, Ana Patricia, Paloma, Emilio, Carmen y Francisco, así como su hermano Jaime y cinco de sus descendientes: Marcelino, Alfonso, Gonzalo, Marta y Lucrecia- por la presunta comisión de un delito fiscal y, en su caso, de falsedad documental. El caso deriva de la existencia de ciertos fondos en una cuenta suiza del banco HSBC. La cuota tributaria evadida, según estima el titular del juzgado número 4, Fernando Andréu, podría superar los 120.000 euros por contribuyente, cantidad a partir de la cual se persigue el delito fiscal. Se da la circunstancia de que la noticia se conoce horas antes de la junta general de accionistas anual de la entidad bancaria, convocada para hoy en Santander.

La denuncia procede de la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez recibió el expediente de la Agencia Tributaria. Este último organismo adoptó la decisión al verse desbordado e incapaz de examinar la «ingente documentación» que le fue remitida por los denunciados -en gran parte en inglés o francés, por no mencionar la complejidad derivada de la existencia de trust, fundaciones y sociedades de diversa índole- y, ante la inminente prescripción, el 30 de junio, de todos los incumplimientos tributarios ligados al ejercicio fiscal 2005. Contra el auto cabe recurso de reforma ante el propio juzgado.

En un escrito conjunto remitido el 28 de julio de 2010 en respuesta a los requerimientos de la administración tributaria, los afectados relataron la evolución histórica de los fondos, que tienen su origen en el patrimonio existente fuera de España de Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, padre o abuelo de los denunciados. Fuentes próximas a la familia Botín precisaron que Emilio Botín Sanz de Sautuola abrió la citada cuenta durante Guerra Civil, y la usó a lo largo de su estancia en Londres y Basilea en años posteriores.

A la regularización de las pertinentes obligaciones fiscales se habrían destinado 200 millones de euros. Por eso, estas mismas fuentes afirman que la familia Botín «está al corriente de todas sus obligaciones fiscales» tras haber realizado una regularización «completa y voluntaria» de las declaraciones correspondientes a los años 2005 a 2009. Consideran que, en el procedimiento judicial, todos estos términos quedarán «plenamente aclarados».

Hace cuatro años, un empleado del HSBC Private Bank robó los datos de unos 25.000 clientes que tenían dinero en esta filial suiza del grupo bancario del mismo nombre. La cooperación entre los países de la OCDE llevó a que las autoridades francesas, las primeras en hacerse con esta información, trasladaran a España, entre otros países, la relación de clientes 'nacionales' que habían colocado sus fortunas en ese paraíso fiscal y que, previsiblemente, no habrían liquidado los correspondientes impuestos. Más de 600 contribuyentes españoles recibieron requerimientos para regularizar depósitos de 'dinero negro' por una cantidad total de unos 6.000 millones de euros.

Los miembros de la familia Botín estaban en esta lista. Ante el requerimiento que la Agencia Tributaria les realizó el 21 de junio de 2010 para que llevaran a cabo autoliquidaciones por el IRPF o por el Impuesto de Sociedades, los denunciados presentaron declaraciones correspondientes a los ejercicios 2005 a 2009, la mayor parte de ellas complementarias de las ya realizadas en plazo. En estos casos, cuando los contribuyentes se avienen a ponerse al día con el fisco, han de abonar la cuota, más el recargo y los intereses de demora, que ascienden al 20% una vez transcurrido el primer año.

El 15 de abril pasado, la Agencia Tributaria recogió en sus informes que «debido a la ingente documentación presentada por los denunciados» se consideraba incapaz de determinar si las declaraciones complementarias realizadas eran «completas y veraces» y remitió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción.

Según relata la Audiencia Nacional en un comunicado, a la Fiscalía Especial le ocurrió prácticamente lo mismo, «ya que, al prescribir el ejercicio 2005 el 30 de junio de 2011, la labor de verificación de las regularizaciones practicadas por los contribuyentes no puede concluir», por lo que consideró necesario el traslado a la Audiencia Nacional. Matizó la Fiscalía, no obstante, que «en el supuesto de que las regularizaciones practicadas sean completas y veraces será de aplicación la excusa absolutoria prevista y el archivo de las diligencias incoadas».