La Fiscalía pide otros ocho años de inhabilitación para Hernán Díaz

Prevaricación es un delito que en los últimos años parece estar irremediablemente ligado al exalcalde Hernán Díaz. En todas las causas que tiene abierta aparece, en menor o mayor grado, una acusación de este tipo. La última en conocerse ha sido formulada por la Fiscalía de Cádiz, que le acusa una vez más de haber prevaricado en la concesión de una licencia de construcción en el año 2005. El Ministerio Público solicita una pena de ocho años de inhabilitación por un asunto que deberá resolverse, si no media un acuerdo antes, en un juicio.

Hace seis años, Hernán Díaz autorizó la construcción de dos viviendas y dos locales comerciales en la calle San Francisco, en pleno casco histórico de la localidad portuense. Los terrenos se ubican en un conjunto declarado Bien de Interés Cultural en el año 80. Al encontrarse la parcela en una zona con esa calificación, cualquier autorización de obra necesita de un informe previo de la administración competente, en este caso la Delegación Provincial de Cultura, que además debe adjuntar un proyecto de cómo deben ejecutarse los trabajos. Según explica la fiscal delegada de Medio Ambiente, Patricia Navarro, en su escrito de acusación, el aparejador municipal -que será citado en calidad de testigo en la vista oral- se lo hizo saber al exregidor y así envió el expediente a Cultura para que dictaminara. Sin embargo, cuando el promotor presentó en el Ayuntamiento su propio estudio de cómo iba a ser la obra, fue el arquitecto municipal, Jiménez Fornell, quién también está imputado en otras causas por supuesta corrupción urbanística, quien emitió un informe favorable a la obra. «Un informe que tenía la doble finalidad de señalar que el proyecto presentado por el interesado era ajustado al Plan General vigente y, por otro lado y especialmente, analizar y cuestionar el criterio empleado por la Delegación Provincial de Cultura, a modo de criterio alternativo», indica la representante del Ministerio Público, quien añade que Fornell actuó de esa manera «a petición expresa del acusado en su condición de alcalde». La intención, según la Fiscalía, que perseguía el informe del arquitecto municipal, quien también deberá declarar como testigo, era darle apariencia de legalidad a la construcción.

El 11 de marzo de 2005, Hernán Díaz daba luz verde a los trabajos en la calle San Francisco; tan solo dos días antes de que Jiménez Fornell no pusiera ningún tipo de traba por escrito, garantizando que dicha obra no atentaba contra el plan de ordenación urbanística. Sin embargo, en diciembre de 2004, pocos meses antes de otorgarse la licencia, la Delegación Provincial de Cultura había emitido un informe desfavorable tras haberlo solicitado el aparejador municipal. Pese a la negativa de Cultura, el alcalde no desistió. Para el Ministerio Público esas advertencias que le llegaron sobre la incompatibilidad de la obra en la zona, fueron desoídas y otorgó «a sabiendas» una licencia ilegal.

Las obras se iniciaron, pero el promotor fue sancionado con una multa y obligado al derribo de los trabajos por orden de la Consejería. El constructor decidió pleitear y en primera instancia fue condenado y en enero del año pasado, la Sala Segunda de lo Contencioso del TSJA desestimó su recurso, confirmando la primera sentencia y dándole así la razón a la Administración en el expediente sancionador que impulsó.