Los recelos entre PSOE y PP vuelven a poner en peligro la renovación del Constitucional

PSOE y PP desconfían el uno del otro en las negociaciones para renovar a cuatro magistrados del Constitucional y esos recelos están a punto de volver a atascar de nuevo las conversaciones. Los populares se mostraron convencidos de que han desaparecido los motivos que impedían el acuerdo, pero los socialistas no las tienen todas consigo y creen que el principal obstáculo, uno de los candidatos propuestos por el partido opositor, sigue ahí. El presidente del Congreso, José Bono, a su vez, dio un nuevo ultimátum y concedió a los dos partidos hasta el 30 de junio para presentar los nombres de sus candidatos.

Los dos partidos mayoritarios no hicieron oídos sordos al puñetazo en la mesa del Tribunal Constitucional, pero no están dispuestos, al menos por ahora, a variar los planteamientos que han bloqueado la renovación de cuatro magistrados. Los socialistas mantienen el veto sobre Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial en la pasada legislatura y uno de los nombres propuestos por los populares. El PP replica que no tienen cabida los vetos porque así lo pactaron en 2008 José Luis Rodríguez Zapatero y Marian Rajoy.

Parecía que todo iba camino del atasco de siempre cuando Federico Trillo, en unas crípticas declaraciones, dijo tener esperanzas «fundadas» de que esta vez va a haber acuerdo. Trillo, que habló el lunes con Alfredo Pérez Rubalcaba para desatascar las conversaciones, no dio ninguna explicación sobre las razones en que descansaba su optimismo. Tampoco despejó la incógnita sobre si su partido mantenía o retiraba de la mesa el nombre de López. Pero fuentes parlamentarias del PP arrojaron luz sobre el asunto. El exportavoz del Consejo del Poder Judicial ya puede acreditar los 15 años de ejercicio profesional, argumento formal al que se aferró el PSOE el año pasado para vetar su nombre.

El problema está en que el PSOE, más allá de las exigencias formales, no está dispuesto a transigir con el candidato del PP. Sería «un cáncer» para el Constitucional, suele decir una fuente muy cercana a Zapatero que recuerda la trayectoria de López en el Consejo del Poder Judicial, donde protagonizó sonoros enfrentamientos con el Gobierno a propósito de los más variados asuntos, desde la ley de matrimonios homosexuales al proceso de paz con ETA. Los socialistas, afirman fuentes gubernamentales y del grupo parlamentario, mantienen el veto y afirman que Rubalcaba así se lo trasladó a Trillo en su conversación del lunes.

Por si no quedó claro, el propio vicepresidente dijo ayer que «dos no pactan si uno quiere» y por parte del Gobierno la renovación se hubiera producido hace tiempo, recordó. La única solución, agregó, es que el PP desista de avalar a López, en la actualidad magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sostuvo asimismo que el problema está en que el partido opositor plantea «una imposición, o lo que yo quiero o nada», y así no hay manera de alcanzar un consenso.

Otra mayoría

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, por su parte, achacó el planteamiento del PP a que sabe que con su obstinación con López aborta la renovación ahora y espera a que el Congreso tenga «otra mayoría política» para renovar el Constitucional a su «gusto». Si esa situación se produce, avisó, su partido no respaldará el reparto que propongan los populares y tampoco habrá renovación. Los dos partidos mayoritarios tienen poder de veto, ya que la elección de magistrados del tribunal requiere la mayoría de tres quintos de la cámara, un listón inalcanzable sin el concurso de ambos grupos.

El PP, entretanto, se mostró dispuesto a abrir la negociación de inmediato, pero «sin vetos», es decir, que todos los candidatos sean viables, según aclaró la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. Su grupo, añadió, tiene «voluntad sincera de diálogo».

En medio de este cruce de manifestaciones, Bono urgió, «es la séptima vez» dijo en la Junta de Portavoces, a cerrar un acuerdo. Dio de plazo a socialistas y populares hasta el 30 de junio para presentar a sus candidatos. Este escenario, advirtió, «no es bueno» e instó a los dos grupos a ser generosos porque «está en nuestro sueldo cumplir nuestra obligación de designar a los magistrados del Constitucional».