La cabra siempre tira al monte

Ministro en un gobierno del PSOE y afiliado al sindicato UGT. Dos en uno. Algo habitual en muchos que han encarnado altas responsabilidades en cualquiera de las administraciones territoriales españolas. En Andalucía se ha dado esta circunstancia con tanta habitualidad, que parecía lo normal para acceder a algún cargo en la Consejería de Empleo. El problema es que una buena parte de los cometidos de las llamadas autoridades laborales, entre las que se incluyen un ministro, un consejero y de ahí para abajo, es su competencia en la toma de decisiones en una buena parte de instituciones que influyen en el devenir diario de las empresas. Cuando se es juez y parte a la vez, sólo tenemos que recordar la competencia que asumen estos en la tramitación y resolución de los expedientes de regulación de empleo, concluiremos que no es lo más adecuado.

Esta es la razón por la que muchos siempre hemos entendido la importancia de la asunción de todas las competencias por los órganos jurisdiccionales. Ahora sin embargo, lo que procedía era que el Gobierno gobernara e hiciera realidad la alta competencia que la Constitución le otorga para ello. Y parecía que no quería hacerlo. Le es mucho más cómodo que otros, los llamados interlocutores sociales le dieran hecho el trabajo. Aunque es sabido por todos, que ni la patronal representa a los empresarios en potencia, los que lo pretenden pero aún no lo son, ni los sindicatos a los desempleados. Por lo tanto podemos concluir que hemos creado un sistema de relaciones laborales, desde los albores del período democrático, que adolece de la fuerza necesaria.

Un simple recordatorio será suficiente para reafirmarnos en lo dicho. Con la muerte del dictador y ante lo convulso del sistema político de entonces, se busca conformar un sistema de relaciones laborales basado en la representatividad de los 'mayoritarios', porque representatividad real por la fuerza de la mayoría de los votos nunca hubo. Desde entonces esa necesidad, basada más en razones de oportunidad política que de otra consideración, no sólo no nos han alejado en buena parte de los principios en los que años atrás habían instituidos y justificado el sindicato vertical, sino que desde entonces hasta hoy, ese sindicalismo se reinventa día a día, pero sobre esa base y con los mismos o parecidos fundamentos. La característica más saliente del Real Decreto Ley de Reforma de la Negociación Colectiva, es el incremento de poder que otorga una vez más a los sindicatos «más representativos», a través del papel que ahora asumirán las secciones sindicales en las empresas. Este hecho, unido al intervencionismo intrínseco de la norma, todo recuerda la vuelta a las andadas de una etapa de mi país que prefiero no recordar. Con la norma que ahora se externaliza y que supone el acto de gobernar por quien corresponde, se ha querido volver a las organizaciones sectoriales paritarias, dirigiendo el conflicto desde la propia norma en busca de soluciones nada naturales. Éstas vendrán impuestas por esos que denominan mediadores o árbitros «obligatorios» por disposición de la ley, lo que es contradictorio en sí mismo.

No estando conforme con la practica totalidad del texto, lo que más me llama la atención es el protagonismo que adquieren los afiliados a cualquiera de las dos centrales sindicales mayoritarias en el ámbito de las empresas, a través de las secciones sindicales. Las palabras del ministro de la Presidencia son concluyentes e inequívocas. «Uno de los fines de la reforma de los convenios es fortalecer el protagonismo sindical dentro de las empresas». Es decir, pretende la norma robustecer el control de los sindicatos mayoritarios, a través de las secciones sindicales, en detrimento del poder natural de representación ostentada en el seno de las empresas por los delegados de personal y los comités de empresas. Hay que tener claro, que los miembros de las secciones sindicales son designados por el propio sindicato, mientras que a los trabajadores que conforman la representación unitaria, los escogen los propios trabajadores en las empresas, previo proceso electoral.

Por lo tanto, si la representación sindical globalmente considerada cuenta con una afiliación del 16% sobre la población activa, de los que algo menos del 10% corresponden a los dos sindicatos llamados más representativos, esta insignificante 'representatividad' va a ser determinante en la gestión de la negociación colectiva en todos los ámbitos y en todos los ordenes. De esta forma, el gobierno conocedor de la pérdida de poder del partido que lo sustenta, pretende volver a la época de las barricadas mediante un nuevo y premeditado renacer del sindicalismo de clase por imperio de la ley, que no por voluntad de los trabajadores. El hecho irrefutable a estos efectos desde el comienzo de la crisis, es la disminución de su afiliación en más de medio millón de trabajadores.

La norma aprobada, llamada por algunos como tomadura de pelo colectiva, va a tener como efecto la puntilla que certificará el estado de defunción de la economía española. El Gobierno, una vez más hace exactamente lo contrario de lo que debe y España terminará suspendiendo pagos o en el mejor de los casos rescatada, entre otras cosas, porque la infraestructura legal necesaria para que el empresario cree empleo, y la norma sobre negociación colectiva es un exponente más, no sólo no va a posibilitarlo, sino todo lo contrario, en cuanto que no será posible que cree el marco necesario para dotar de confianza a un sistema, en el que ya sólo creen los miembros del gobierno y los dos sindicatos mayoritarios, los dos únicos y grandes beneficiarios de este bodrio de norma, cuya andadura sólo ha hecho comenzar. La norma adolece de una cosa muy importante para rematar la faena, la condición de "Excelentísimos" para los líderes sindicales. Así, formalmente se sitúan al mismo nivel que los miembros del gobierno. ¿No es lo que siempre quiso en el fondo y en la forma nuestro inefable, hoy desaparecido y también Exmo Sr Presidente del Gobierno?