Pánico a la ira de El-Asad en la ciudad rebelde

El miedo a una inminente y augurada venganza del Ejército del presidente sirio Bashar el-Asad por la muerte de 120 policías mantenía ayer aterrorizados a los pocos residentes que han decidido permanecer en la localidad de Yisr al-Shagur. El poblado, de unos 50.000 habitantes, en su mayoría agricultores, se transformó en un lugar fantasma en el que decenas de columnas de tanques tocaban a sus puertas con la misión de no perdonar a «las bandas armadas» que acabaron con la vida del centenar de miembros de las fuerzas de seguridad del régimen.

Campos de cultivos envueltos en llamas para impedir el acceso de los blindados reflejaban la desesperación por contener la que se espera que sea la más sanguinaria de las batallas que las autoridades de Damasco han librado contra los manifestantes. «La gente está levantando barricadas donde puede», relató la corresponsal de Al-Yasira en Turquía. Asimismo, uno de los responsables del Observatorio de Derechos Humanos en Siria, Rami Abdulraham, aseguró que los vecinos de Yisr al-Shagur «pueden escuchar a lo lejos ráfagas de ametralladora, pero por el momento no hay informes de víctimas».

El temor por las represalias del régimen se disparó después de que el Gobierno de Damasco acusara a «terroristas armados» de la región de la muerte de 120 oficiales el pasado martes. Las informaciones oficiales difieren, sin embargo, del testimonio de activistas que admiten que los enfrentamientos se produjeron entre los propios cuerpos de seguridad cuando algunos de ellos se negaron a disparar contra opositores. Desde entonces, miles de personas han huido hacia Turquía para escapar de la represión augurada por las tropas del general Maher el-Asad -hermano del presidente-, que ha especificado que su misión es necesaria para «restaurar la seguridad» en la zona.

Mientras Yisr al-Shagur se preparaba para el asalto del Ejército, decenas de miles de manifestantes volvieron a desafiar a las autoridades de Damasco en una nueva jornada de protestas bautizada como el 'viernes de los clanes'. A la salida del rezo musulmán del mediodía, los opositores exigieron reformas democráticas y el fin de la dictadura por todo el país. Ciudades como Damasco, Qashmily (noreste), Deir al-Zor (este), Alepo (noroeste), Hama y Homs (centro) y Deraa (sur) vibraron al grito de «vete, vete», «el pueblo quiere la caída del régimen» y «larga vida a Siria, fuera Bashar el-Asad».

Respuesta a las protestas

Frente a estas reivindicaciones, las fuerzas de seguridad exhibieron su extrema dureza al cobrarse la vida de al menos 28 personas y dejar decenas de heridos tras disparar indiscriminadamente contra la multitud. Militares apostados en los tejados de edificios abrieron fuego contra los participantes en distritos de la capital como Qaboun, mientras que en regiones como Busra al-Harir las fuerzas gubernamentales «dispararon desde sus vehículos contra un millar de convocados», según testigos. Al menos cinco helicópteros atacaron, paralelamente, el enclave de Maraat al-Numaan para dispersar a los asistentes.

Las autoridades turcas, por su parte, confirmaron ayer la llegada de por los menos 3.000 sirios en las últimas días procedentes de Yisr al-Shagur, de los que 57 permanecen hospitalizados por presentar diversas heridas. Los refugiados permanecen alojados en una antigua fábrica de tabaco reconvertida por la Media Luna Roja en improvisado centro de asistencia y, dada la masiva llegada de huidos, el organismo ya prepara un segundo campamento en la periferia de la ciudad fronteriza de Yayladagi.

En previsión de un éxodo de cientos de miles de sirios, el Ejecutivo de Ankara se plantea la creación de una 'zona tapón' en la línea limítrofe entre ambos países. «No podemos cerrar las puertas a esas personas que huyen para salvar sus vidas, pero ¿por cuanto tiempo va a ser así?», se preguntó ayer el primer ministro otomano, Recep Tayyip Erdogan. Precisamente el relato de muchos de los refugiados ha desatado las alarmas de ONG como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que pidió ayer que se le permita el acceso inmediato a las víctimas de la violencia y, particularmente, a los arrestados para evaluar sus condiciones de salud.