El fiscal afirma que Campanario sabía que se tramitaba una pensión ilícita

María José Campanario y su madre, Remedios Torres, junto al inspector Casto Pérez Lara, fueron los personajes a los que más tiempo dedicó el fiscal Juan Bosco en su larguísimo alegato final de tres horas y media, en la sesión de ayer del juicio de la 'operación Karlos'.

Un día antes, el fiscal había llegado a la Audiencia Provincial con noticias más o menos buenas: rebajó la pena solicitada para Campanario y su madre en casi dos años, y retiró los cargos por el delito de usurpación de estado civil para todos los acusados. Sin embargo, ayer, tocaba el turno de la cal: el fiscal insistió en que Campanario y su madre sabían que se «tramitaba de forma ilícita la obtención de una pensión de tipo laboral» para Remedios Torres, y no la revisión de su minusvalía, como ellas defienden. «En todas las actuaciones no sale nunca la palabra minusvalía», recordó el fiscal, mientras Campanario negaba en el asiento.

Para ello, la esposa de Jesulín de Ubrique pagó supuestamente 18.000 euros a Carlos Carretero, el cabecilla de la trama; un dinero que se entregó de manera «clandestina y sin recibos», según el fiscal. También en este punto, Bosco cree que Campanario conocía el destino ilícito de la cantidad, así como otros detalles de la estafa, como el alta fraudulenta de su madre en una empresa de Carretero. Lo único que no aclaró era si madre e hija estaban al tanto del episodio de la suplantación de Remedios Torres por Isabel Gil. Tampoco las exculpó. Sencillamente, eludió u olvidó hablar del asunto, a pesar de ser uno de los más controvertidos y el único sobre el que tiene escuchas telefónicas de la mujer de Jesulín de Ubrique. Quizá, al haber retirado el delito de usurpación, el fiscal le restó importancia.

A diferencia de otros acusados, Campanario no tiene tantas pruebas contundentes en contra, así que el fiscal apeló a la lógica con una batería de preguntas retóricas: «¿Para qué tramitar la minusvalía en Cádiz? ¿Merece la pena pagar 18.000 euros, para cobrar 300 euros al mes? ¿Por qué no protestó si en un año no se había hecho nada? ¿Durante un año y medio, nadie les dijo que se trataba de una pensión laboral?». El fiscal concluyó que todo ello «chocaba contra la razón». Entre las pocas pruebas ciertas con la que la Fiscalía cuenta, está la firma de Remedios Torres en un contrato, pero ella ha dicho era falsa. «Afirmo que es suya», se limitó a responder el fiscal, que también sacó a relucir la declaración de la inspectora del INSS que evaluó a Torres, y a la que esta dijo que era limpiadora. Eso probaría que la madre de Campanario sabía que estaba dada de alta y que miente. «No voy a decir que está acorralada, pero casi», afirmó Bosco, que se agarró a esta declaración como a un clavo ardiendo. Y es que la de Carretero debe ser «puesta en cuarentena», admitió el fiscal.

Casto «traicionó» su función

Aunque en su alegato habló caso por caso de cada acusados, Juan Bosco se detuvo especialmente con el inspector Casto Pérez, al que adjudicó «la ideación» de la estafa y le reprochó que «traicionara» su función como inspector: «Estaba allí para que no hubiese fraude». También recordó el fiscal que el papel de Casto, además de lograr informes falsos de otros médicos, era «exacerbar las patologías». Bosco calificó de «falsa» la declaración completa del inspector. El fiscal también fue duro con el abogado de Casto Pérez, que un día antes le había acusado de utilizar los acuerdos de conformidad para guiar y forzar incriminaciones nuevas. «He actuado con dignidad y la máxima ética», se defendió Bosco. Ayer también intervino la abogada del INSS, pero no le dio tiempo a terminar. Hoy continuará, seguida de las defensas.