Pactos municipales

El debate de la elección directa de los alcaldes por los electores es recurrente y suele estar de actualidad tras cada consulta. En realidad estamos comparando dos modelos democráticos diferentes en la elección del jefe del ejecutivo, con sus ventajas y sus inconvenientes: el presidencialista y el parlamentario. En el primero deciden los ciudadanos directamente, en el segundo sus representantes.

En España impera el modelo parlamentario a nivel federal, autonómico y local. La legislación electoral establece la asignación de escaños mediante la fórmula D'Hont basada en la proporcionalidad corregida, que prima a las candidaturas más votadas. Aunque se demanda con insistencia un cambio hacia un modelo en el que los votos tengan el mismo peso, es difícil encontrar formulas aceptables para todos en el marco del pacto constitucional.

El modelo presidencialista es de carácter mayoritario y suele separar la elección del alcalde o presidente, que debe concurrir a una doble vuelta si no obtiene la mayoría absoluta de los votantes, de la de los parlamentarios o concejales que conforman las cámaras legislativas y de representación, en las que se suele primar la candidatura que obtiene más apoyos.

Nuestro modelo municipal, que es mimético al del conjunto del Estado y al de las Comunidades Autónomas, exige la conformación de mayorías de gobierno a través de pactos poselectorales. En ocasiones la elección de la primera autoridad municipal no exige la mayoría absoluta de los concejales permitiendo que, ante la falta de acuerdos para conformarla, gobierne la lista más votada.

Estas normas tienen algunas consecuencias indeseables como la falta de estabilidad de los alcaldes y sus mayorías de gobierno durante la legislatura y el excesivo protagonismo que obtienen las minorías necesarias para formarlos, lo que incentiva la presentación de listas independientes, en las que predominan posiciones personalistas trufadas de intereses particulares, casi siempre dispuestos a hacer caja con los escaños obtenidos.

En estas circunstancias no es extraño que puedan otorgar más poder los pactos que los votos, especialmente en un escenario político como el actual en el que los partidos parecen más pendientes del calendario futuro que del dictamen reciente de las urnas. En nuestra provincia 23 poblaciones están pendientes de unos pactos de pronóstico incierto, a consecuencia de la falta de compromisos previos durante la campaña y a la inexistencia de barreras ideológicas o programáticas.

Los criterios que servían de referencia para los pactos municipales, aparecen desdibujados en esta coyuntura, vislumbrándose todo tipo de acuerdos para la elección de alcaldes. Salvo una imposible confluencia entre las dos fuerzas mayoritarias PP y PSOE, todas las demás opciones parecen abiertas, dado que IU se ha refugiado en un confuso planteamiento en el que caben todas las interpretaciones: 'no favorecer la elección de alcaldes del PP por acción u omisión'.

Estamos ante una formulación en apariencia coherente, pero que esconde el posible ventajismo de dejarse votar sin escrúpulos por aquellos a los que niega su apoyo, medrando en la obsesión del PP de evitar que gobiernen los socialistas a toda costa. Es lo que se conoce por el 'síndrome de Olvera', que dio la alcaldía a IU siendo la lista menos votada y que están tentados de trasladar a otros pueblos de la provincia ante el éxito obtenido.

En IU parecen subsistir los planteamientos de 'las dos orillas', que condujeron a la legislatura de 'la pinza' en Andalucía y al consiguiente desplome electoral de la coalición liderada por el Partido Comunista. Al antisocialismo histórico se une ahora el desgaste de la crisis, con su correlato de las cifras históricas de paro y el rechazo social a las reformas estructurales, imprescindibles para lograr la recuperación económica y el equilibrio presupuestario. Deberían tener presente que la mayor parte de los votantes perdidos por el PSOE no han emigrado a partidos situados a la izquierda.

El PP se presta al juego de que gobierne cualquiera que no sea del PSOE, incluso los más alejados de sus posiciones ideológicas o programáticas. Recurrentemente insisten en que debe respetarse la lista más votada, siempre que el criterio les favorezca, pero nunca han aceptado o promovido un cambio legislativo para avanzar en esa dirección.

En la misma medida que la calidad de la democracia exige la marginación total de los tránsfugas, los partidos con responsabilidades de gobierno deben rechazar el apoyo de las candidaturas independientes, que han accedido a los ayuntamientos en defensa de intereses particulares, que en muchas ocasiones bordean la legalidad o comportan un claro fraude de ley.

En un escenario de crisis económica y con unos ayuntamientos en bancarrota, existe también el planteamiento de no agotar todas las posibilidades de pactos en la constitución de los mismos, porque la legislatura será larga y difícil y pueden proliferar las mociones de censura.

Será una tarea compleja, para unos equipos de gobiernos con apoyos minoritarios o conformados por socios con planteamientos ideológicos y programáticos muy alejados, hacer frente a unas nóminas que tendrán que disminuir en su número y en su cuantía y atender unos compromisos sociales y unas expectativas ciudadanas cada vez mayores.

Para cualquier partido de gobierno, el reto de los pactos debe ser ineludible y lo menos que hay que exigir a su dirección es que se tome las cosas en serio, que asuma la defensa de sus proyectos, que no escurra el bulto, que no se distraiga mirándose el ombligo o en ajustes de cuentas internas, que pacten en función de los intereses generales, esforzándose en mantener la coherencia ideológica y programática.