Islandia juzga a su ex primer ministro por la crisis económica

La «grave negligencia» política que provocó el colapso de los mayores bancos islandeses en octubre de 2008 y el consiguiente hundimiento de una de las economías más prósperas de Europa tendrá consecuencias legales. El ex primer ministro islandés, el conservador Geeir H. Haarde, se convirtió ayer en el primer líder mundial que deberá dar cuentas ante la justicia de su gestión de la crisis. Se le acusa de desoír las advertencias sobre un inminente colapso del sistema financiero que desplomó -por el peso de las deudas- a una nación que en poco más de un siglo experimentó un acelerado crecimiento.

Haarde, que se vio obligado a presentar su dimisión en enero de 2009 después de masivas protestas populares que exigían su renuncia, será procesado por un tribunal especial para miembros del Gobierno que nunca ha actuado en sus casi siete décadas de existencia. El Landsdómur -compuesto por cinco jueces del Tribunal Supremo, un presidente de un juzgado de primera instancia, un catedrático de Derecho Constitucional y ocho ciudadanos designados cada seis años por el Parlamento- podría retrasar el juicio hasta finales de verano, según apuntó la prensa.

El fiscal, Sigridur Fridjonsdottir, acusa al exjefe del Ejecutivo islandés de no haber adoptado ninguna medida para impedir el descalabro económico y de no haber presionado a los bancos para vender activos y disminuir los riesgos. Por el contrario, el propio Haarde se proclamó ayer no culpable «de todos los cargos». «Me declaro inocente y haré todo lo que pueda para demostrarlo», dijo.

«Todo es una farsa»

La imputación de Haarde fue posible gracias al apoyo del Parlamento el pasado septiembre, sobre la base de un informe de más de 2.000 páginas elaborado por una comisión investigadora para determinar las responsabilidades en la crisis. Al respecto, su abogado calificó de «escandaloso» que la Fiscalía tardara siete meses en presentar los delitos y que estos coincidieran «casi palabra por palabra» con la resolución aprobada por los diputados. El exdirigente del Partido de la Independencia se enfrenta a una condena que podría ir desde una multa hasta una pena de dos años de cárcel. «Todo este asunto es una farsa», aseguró el acusado a la salida de la vista.

Aunque Islandia ha recuperado en parte la estabilidad perdida, las autoridades aún tratan de controlar el movimiento de divisas extranjeras y una tasa de desempleados que en 2007 era del 2% y ahora se sitúa en el 7,8%.