Calculan que unas 3.000 hectáreas de la provincia están ya afectadas

«La provincia de Cádiz también está sufriendo la crisis del pepino, y aunque sus pérdidas no están a los niveles de Almería o Málaga debe ser tenida en cuenta». Así ponía de relieve ayer el secretario general de COAG Cádiz, Miguel Pérez, que las más importantes zonas de producción de hortícolas de la provincia (la de Costa Noroeste y la de Conil) están viéndose afectadas por el efecto que está teniendo en los productos españoles la sombra de duda que se arrojó desde Alemania sobre el pepino español, y que ha acabado extendiéndose a cualquier tipo de verdura.

El representante de los agricultores cuantificó ayer en unas 3.000 las hectáreas de hortícolas que se están resistiendo porque «o la producción no se está vendiendo en el extranjero, o porque si lo hace está saliendo sin cubrir siquiera los costes». Por citar algunos ejemplos, Pérez mencionó ayer el caso de la cooperativa Pequeña Holanda de Arcos, que tiene toda la remolacha roja sin vender, lo que nunca había ocurrido. Lo mismo está ocurriendo con productos como la zanahoria de manojitos, una de las verduras estrella de la provincia.

A la hora de contabilizar de forma exacta los daños, el secretario general de COAG Cádiz dejó claro que «habrá que fijar una fecha exacta para cuantificar, pero están perfectamente detectadas las hectáreas afectadas y la producción que no está saliendo».

Pérez, que ayer compareció junto al presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel A. Ruiz, que también criticó la gestión alemana de esta crisis, apuntó que en este caso «como mínimo ha habido una actitud negligente e incluso dolosa, porque se han tomado decisiones con mala fe». En este punto, el representante del campo gaditano no se amilanó a la hora de afirmar que «detrás de esta crisis puede haber intereses comerciales de nuevos países productores de hortícolas de la UE o de multinacionales con plantaciones en terceros países».

Por todo ello, Pérez recalcó que «además de medidas de promoción, y de la necesidad de nuevos sistemas de alerta sanitaria y de etiquetado para resaltar la trazabilidad, los agricultores tienen que recibir una compensación. No se trata de ayudas, sino de indemnizaciones».