Guerra abierta entre la Fiscalía y el Poder Judicial por las reformas legales

Choque de trenes en el ámbito judicial. El Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado cruzaron ayer duras acusaciones a raíz de las últimas reformas legislativas que se tramitan en el Congreso, y que pretenden restringir la información de los procesos penales.

La comisión permanente del Consejo, encabezada sin divisiones entre progresistas y conservadores, censuró por vez primera al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, después de que este criticase el excesivo intervencionismo legislativo del órgano de gobierno de los jueces.

El Poder Judicial tachó de «gravísimas acusaciones» las palabras de Conde-Pumpido, que la pasada semana denunció las reuniones que un grupo de vocales mantiene con los grupos parlamentarios para poner en marcha las reformas legislativas. Dijo el fiscal general que el Consejo invadía competencias propias del legislador, en referencia a las propuestas introducidas para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través del proyecto de Ley de Agilización Procesal.

Estas enmiendas presentadas por el PSOE y que se debate con el resto de grupos pretenden, por ejemplo, eliminar multitud de recursos durante la instrucción penal. También pretende extender el secreto de las actuaciones y exigir que, para darles publicidad, sea precisa la autorización expresa del juez instructor, que sería el encargado de administrar la información sobre los procesos.

«Oscurantismo»

En un principio, el proyecto de Ley de Agilización se refería a la jurisdicción civil, social y contencioso-administrativa, pero en las enmiendas pactadas por los vocales y los grupos parlamentarios alcanzan también la jurisdicción penal, sin que se requieran informes consultivos del órgano de gobierno de los jueces o del Consejo Fiscal.

De ahí el enfado mayúsculo de Conde-Pumpido y de las dos asociaciones mayoritarias de fiscales, que ayer criticaron el «oscurantismo» de unas negociaciones que dada su transcendencia requerirían «un amplio debate».

La enmienda socialista restringe el papel de los fiscales en el proceso penal y deja en manos del juez la decisión de publicar o no determinadas resoluciones mientras no perjudique la investigación y tenga un interés público relevante.

Dependiendo de este criterio se podrá informar sobre las siguientes resoluciones: la admisión a trámite de la denuncia o querella, la citación judicial, las medidas cautelares, la declaración de procesamiento, el sobreseimiento o la apertura de juicio oral.

Además, las reformas proponen suprimir todos los recursos que son resueltos por el mismo órgano judicial, como reforma y súplica durante la tramitación del sumario y diligencias previas. En caso de que el abogado, el procurador o el funcionario incumplan la obligación de mantener el secreto judicial, serán sancionados.