Sin traspaso, de momento, entre Barreda y Cospedal

El Gobierno de Castilla-La Mancha en funciones acordó ayer suspender definitivamente los contactos con el PP para el traspaso del poder en esta comunidad después de que los populares hayan acusado al Ejecutivo de José María Barreda de haber destruido expedientes y facturas y de haber dejado las cuentas públicas en situación de «quiebra total».

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha reunido en Toledo de forma extraordinaria decidió, no obstante, seguir trabajando en el traspaso de poderes recabando toda la información requerida por el PP. Así lo comunicó el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Santiago Moreno, quien indicó que «en cuanto el PP designe los consejeros del nuevo gobierno, la documentación que nos han pedido estará a su disposición y mantendremos cuantas reuniones estime oportuno cada consejero entrante con el saliente correspondiente».

Moreno insistió en los argumentos esgrimidos en los últimos días por el PSOE y el Gobierno autonómico en respuesta a las acusaciones del PP. Esto es, las nóminas de junio de los 7.000 empleados públicos de la Junta se pagarán, no se está destruyendo documentación oficial «porque sería un delito» y son 243 y no 3.000 los cargos de libre designación con que cuenta la administración autonómica. También negó que la situación económica del Ejecutivo castellano-manchego sea de «quiebra total».

En este sentido, la vicepresidenta y consejera de Economía, María Luisa Araújo, tiene previsto comparecer públicamente hoy para explicar las cuentas públicas de Castilla-La Mancha.

Además, el consejero de Presidencia anunció que las declaraciones de los dirigentes del PP se han remitido a los servicios jurídicos de la Junta por si fuesen constitutivas de injurias y calumnias