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Rajoy ofrece lealtad al Gobierno para atajar el déficit en las comunidades autónomas

Ignora la alarma en Castilla-La Mancha y el PSOE le tacha de «irresponsable» por consentir las acusaciones sin pruebas

Madrid Actualizado: Guardar
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Ni las victorias electorales alteran la forma de hacer política de Mariano Rajoy. El líder del PP, fiel a la filosofía de que los problemas vienen solos y, que por lo tanto, resulta poco productivo buscarlos, se desentendió ayer de las denuncias del PP de Castilla-La Mancha sobre la presunta quiebra del Gobierno autonómico del socialista José María Barreda. Más aún, ni la propia María Dolores de Cospedal, jefa de los dirigentes populares que han acusado a los socialistas castellano-manchegos de «destruir» documentos que probarían que la deuda en esta región es mucho mayor que la que reconoce el PSOE, defendió esta espinosa cuestión en la junta directiva nacional del PP.

Rajoy, más cómodo en el traje de candidato a las elecciones generales que en el de jefe de la oposición, profundizó en su perfil más institucional para centrarse en uno de los exámenes más difíciles que le quedan a España para cumplir con los compromisos que adquirió en mayo de 2010 con la Unión Europea, reducir el déficit público.

Rajoy prometió que las instituciones autonómicas y municipales que pasarán a estar controladas por el PP contribuirán «en la parte que le toque» a este objetivo. Eso sí, descargó en el Gobierno la responsabilidad más importante a la hora de equilibrar las cuentas públicas. Por ello, emplazó a José Luis Rodríguez Zapatero a convocar sin más dilación el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar «a calzón quitado» con todos los ejecutivos autonómicos. El presidente del Gobierno, a su juicio, debe dar a todos «un horizonte de salida claro y entendible» que pase, en primer lugar, por la aprobación de unos planes actualizados de reducción del déficit público en todas las administraciones.

Rajoy, llegado a este punto de su intervención ante la plana mayor del PP, tenía fácil dedicar algún reproche a los gobernantes socialistas por «derrochadores», pero evitó en todo momento este camino, tal vez consciente de que regiones como Valencia o Madrid se encuentran entre las que más deben.

«Creo que se puede cumplir con el objetivo (la UE insta a España a tener un déficit máximo del 3% en 2013) si todos somos leales; y yo desde luego garantizo la lealtad del PP, porque esto es lo que demandan los españoles», remachó el líder popular.

«Irresponsabilidad grave»

El silencio del líder de la oposición y de la propia Cospedal, unido al del resto de la junta directiva nacional del PP, podría ser interpretado como una suerte de desautorización sorda contra el secretario general de los populares castellano-manchegos, Vicente Tirado, por haber hablado de un estado de «quiebra» en las cuentas públicas de su comunidad autónoma sin tener más datos en la mano que sus propias estimaciones. Pero para los socialistas se trata de una muestra más de «irresponsabilidad» por parte de Rajoy. «Irresponsabilidad grave», matizó el secretario de Organización, Marcelino Iglesias.

«Ser leal -advirtió tras la reunión de la ejecutiva- no es jugar a policía bueno y policía malo, no es permitir que el resto de sus portavoces desacrediten las instituciones y las cuentas públicas. No, eso no es lealtad institucional ni es patriotismo». Lo que más indigna a los socialistas es que, sin pruebas porque no había habido más que reuniones preparatorias para el traspaso de poderes, se haya cuestionado la veracidad de los datos proporcionados por una comunidad autónoma al Ministerio de Economía y remitidos a su vez por el Gobierno a la UE. Justo ahora que los mercados internacionales miran con lupa. El diario británico 'Financial Times' ya ha definido a Castilla-La Mancha como «la Grecia de las autonomías españolas».

Barreda, aún presidente en funciones de esa comunidad, no acudió ayer a la reunión de la dirección socialista y tampoco existe constancia oficial de que enviara algún tipo de mensaje tranquilizador a sus compañeros, pero el PSOE defiende que lo que corresponde a partidos con responsabilidad de gobierno es transmitir confianza en el sistema de supervisión e intervención español, que es, remarcó Iglesias, «muy riguroso y muy profesional». «Es bueno para todos que nuestras cuentas públicas no estén en deuda para nadie», insistió.

El portavoz del PSOE se atrevió incluso a poner la mano en el fuego por que los documentos de los que se están deshaciendo los socialistas de aquella región son personales. «Puedo asegurar que no son documentos públicos», llegó a decir. De momento, eso es todo lo que tiene intención de hacer el PSOE, defenderse de manera verbal y acusar a los populares de «gamberrismo político».