El Gobierno culpa a CEOE del fracaso de la negociación colectiva

El Gobierno ya ha señalado al culpable del fracaso de la negociación colectiva. Para Valeriano Gómez, las pretensiones de última hora de CEOE provocaron que las conversaciones no llegaran a buen puerto. El ministro de Trabajo argumentó ayer que el documento final que presentaron los empresarios a los sindicatos «no permitía alcanzar un acuerdo». La reforma llegará este viernes a través de un real decreto que Gómez promete «sensato, prudente y equilibrado», y cuyo contenido será previsiblemente más próximo a los intereses de los sindicatos que a los de la patronal. Y es que, por ejemplo, el ministro ha aplazado a septiembre cualquier discusión sobre mutuas, uno de los primeros intereses de los empresarios.

Valeriano Gómez explicó que el planteamiento final de la patronal suponía romper en añicos los acuerdos que unos y otros ya habían alcanzado tras cuatro meses de conversaciones. CEOE, entre otras cosas, pretendió que el contenido de los convenios decayese una vez terminada su vigencia -la supresión de la 'ultractividad'- así como que la flexibilidad interna en las compañías (los cambios de jornada, funciones o traslados) estuviese «a libre decisión de los empresarios».

Una vez más, la sombra de las recientes elecciones locales y autonómicas planeó sobre la ruptura entre los agentes sociales. «Hubiese sido mejor culminar el acuerdo antes de la campaña electoral», aseguró Gómez durante unas jornadas sobre desempleo juvenil organizadas en Madrid por el Comité Económico y Social Europeo, y consideró que la nueva situación política ha «influenciado» de forma evidente a CEOE. «Se equivocan quienes creen que es mejor que las reformas se queden sin hacer a la espera de que llegue otro Gobierno», sentenció.

Era una clara referencia a las propuestas sobre la negociación colectiva publicadas por los empresarios madrileños (CEIM) justo antes del desencuentro final con los sindicatos. En opinión del ministro, la llegada del PP al Ejecutivo todavía es «una hipótesis», mientras que en estos momentos las reformas son «una necesidad».

Pero, según algunas voces conocedoras de la negociación, la interferencia político-electoral era algo con que contaban todos los actores. De hecho, no se quería cerrar un acuerdo antes del 22-M para que el Gobierno no se apuntara en su haber una 'foto de consenso' que diera al Partido Socialista un balón de oxígeno en plena campaña.

Al final, las cosas se han torcido -pues en el penúltimo momento de las conversaciones sí hubo acuerdo- y será el Gobierno el que reforme 'motu proprio' la negociación colectiva. El decreto que prepara Valeriano Gómez y que está casi completado buscará la flexibilidad interna de las empresas aunque sin suprimir derechos a los trabajadores.

El documento tratará también de beneficiar a las compañías para que se adapten a los ciclos económicos sin que se recurra tanto al despido. El Gobierno también busca rebajar el número de conflictos laborales que acaban en los juzgados de lo Social, y por eso incorporará herramientas de mediación y arbitraje. Los sindicatos ya han avisado que el arbitraje no puede obligarse por ley.

En el proceso de diálogo se 'colaron' las mutuas. Un tema ajeno a la negociación colectiva pero que se incorporó por deseo expreso de los empresarios. Los agentes sociales habían acercado posturas y el acuerdo en esta materia estuvo, incluso, cercano. Al Gobierno ahora no le urge legislar sobre esta materia, y Valeriano Gómez ha precisado que la reforma no se acometerá hasta septiembre, tal y como fijó el Acuerdo Económico y Social de febrero.

Atados de manos

Las primeras propuestas anunciadas por el Ministerio de Trabajo no han contentado a CEOE. El líder de Confemetal y vicepresidente de la patronal, Javier Ferrer (que acudió en lugar del número dos, José María Lacasa), consideró que los patronos «no pueden admitir» mayor participación de los sindicatos en las decisiones de las empresas, y recalcó que durante 24 años se han negociado convenios que «han atado de manos» a los patronos.

«Las condiciones de trabajo han cambiado, y también deben hacerlo los convenios colectivos», consideró Ferrer, uno de los empresarios más críticos con su presidente, Joan Rosell, en la última junta directiva de CEOE. En su opinión, la regulación está «anquilosada» y debe evolucionar, «se quiera o no», porque su configuración actual es «inútil».