La Historia como problema

La prosperidad española de los últimos treinta años, caracterizados por la estabilidad política de nuestra bien engrasada democracia, consiguió extender la amplitud clase media en este país hasta la práctica desaparición del proletariado. La larga crisis económica que irrumpió con virulencia en 2008 ha perturbado sin embargo aquella situación, ha mermado la clase media y empeorado sus condiciones de vida, ha incrementado el sector social de personas en situación de necesidad extrema y ha incrementado la brecha entre los más ricos y los que menos tienen. A veces, un simple indicador expresa por sí solo la tendencia que se quiere describir: la venta de automóviles a particulares está cayendo desde hace muchos meses. con la excepción de los vehículos de gama alta y de los lujosos todoterrenos, cuya venta no deja de aumentar. En realidad, este fenómeno no es exclusivo de los automóviles: en tanto el indicador del consumo se mantiene desde 2008 en tasas negativas, el consumo de lujo ya ha registrado una clara recuperación: cayó un 8% en 2009 para crecer un 10% en 2010; y para este año, se espera un crecimiento entre el 5 y el 7%. En este proceso, que demuestra hasta qué punto la crisis está afectando negativamente a la cohesión social, influye extraordinariamente el desempleo, que ha crecido desde al comienzo de la recesión en más de dos millones de personas. La consiguiente caída de las rentas explica el retroceso del consumo de las familias -se contrajo un 5% en 2009-, también afectado por la alta inflación en este período, y -según Cáritas- el incremento del número de personas que se encuentran en situación de pobreza severa y alta exclusión social: 1,5 millones cuando antes de la crisis no llegaban al millón. Además, con la crisis, ocho millones de ciudadanos han entrado técnicamente en estado de pobreza. Ante esta delicada situación, el gran antídoto es la recuperación del crecimiento, que a su vez requiere la conquista de la productividad mediante reformas estructurales que faciliten el cambio del modelo de desarrollo. Las fuerzas políticas tienen el deber de trabajar en este sentido para poner coto al creciente sufrimiento de un número cada vez mayor de españoles.

Es difícil de entender cómo ha sido posible que la Real Academia de la Historia (RAH), cuajada de intelectuales de prestigio -su director, Gonzalo Anes, lo es-, no haya medido el impacto mediático, político y académico que tendría el encargo de las entradas más delicadas del Diccionario Biográfico a personas alejadas de los grandes consensos y escoradas ideológicamente en cualquiera de los sentidos posibles. Incluso es poco comprensible que la docta institución, en contra de su costumbre, se haya decidido a editar una publicación que hundía sus dedos en la más rabiosa contemporaneidad, con el consiguiente riesgo de subjetividad y de polémica. Sea como sea, la RAH debe revisar su posición si quiere conservar su prestigio social y las subvenciones que recibe de las instituciones públicas. Obviamente, no se trata de someter a censura los textos de Luis Suárez y de algún otro historiador sino de sustituirlos por los de otras autorías más acordes con el pensamiento histórico de la mayoría científica. La otra solución sería retirar el Diccionario que ha costado más de seis millones de euros; claro que, en este caso, sería difícil de entender que no mediase alguna resonante dimisión.