Ruptura prevista

La patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT decidieron ayer dar por concluidas las conversaciones para la reforma de la negociación colectiva, trasladando al Gobierno la responsabilidad de legislar en una materia tan propia del diálogo social. Como ya ocurriera con la reforma laboral, ni la representación empresarial ni la sindical querían comprometer sus respectivos intereses en la firma de un acuerdo que hubiese tensionado su respectiva cohesión interna. Pero al renunciar al pacto social tanto la patronal como los sindicatos dejan en manos de la esfera política y del poder legislativo la regulación de la negociación colectiva. Es lógico pensar que el cambio de ciclo apuntado por los comicios del 22 de mayo ha conducido a la parte que más modificaciones quería introducir en la vigente normativa, la empresarial, a mostrar su preferencia por que la decisión última la adopte el Consejo de Ministros el viernes 10 de junio frente a la eventualidad de un acuerdo en el marco del diálogo social. Sencillamente porque la proximidad de los comicios generales y la alternancia anunciada por las urnas y las encuestas permitirían revisar con más facilidad la legislación sin un pacto previo con los sindicatos que supeditándola al acuerdo social. Aunque la ruptura también es consecuencia de la parsimonia con la que los sindicatos han dejado correr los plazos, actuando como ya lo hicieran durante las negociaciones sobre la reforma laboral, de manera que así soslayan su implicación en la reforma resultante. Es previsible que el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba se limite, en el proyecto legal que remita a las Cortes, a consignar las coincidencias expresadas en el diálogo social, añadiendo si acaso alguna precisión jurídico-formal. Pero de esa manera correría el riesgo de dar a la luz una reforma que, como está ocurriendo con la del mercado de trabajo, no llegue a contentar a nadie, ni surta efecto en la economía. En este sentido, el Gobierno haría mal en eludir, como parece que es su intención, la flexibilización en el marco de cada empresa de las cláusulas que contenga cada convenio sectorial y la limitación en el tiempo de la prórroga de aquellos convenios que no sean actualizados mediante un nuevo pacto.