El Supremo no ve indicios de delito en el patrimonio de Bono

El Tribunal Supremo ha dado carpetazo definitivo a las investigaciones sobre el aumento del patrimonio del presidente del Congreso, José Bono. La Sala de lo Penal archivó la última de las querellas presentadas contra el expresidente castellano manchego, al que esta vez la asociación Justitia et Veritas acusaba de cohecho, falsificación de documentos y delito fiscal. Es la tercera denuncia contra el patrimonio de Bono que rechaza la sala.

El alto tribunal afirma que no puede abrir una causa penal contra Bono por el mero hecho de que su patrimonio y el de su familia se hayan incrementado de manera importante desde que en 1994 accediera a la presidencia de Castilla-La Mancha. «El hecho de que tal incremento se constate no determina sin más que su causa u origen sea ilícito», como sostienen los querellantes, a los que la sala recrimina que no aporten pruebas de que esas operaciones sean ilegales y que basen su denuncias en meras noticias o conjeturas. Es más, se queja el Supremo, Justitia et Veritas «no efectúa ninguna imputación de actos concretos» para sostener la acusación de cohecho.

La asociación, que apuntaba el «impresionante enriquecimiento personal» de Bono, cifraba su fortuna en cerca de seis millones de euros y denunciaba, al menos, cuatro supuestas irregularidades: el pago por parte del Grupo Reyal Urbis de la decoración de dos viviendas del presidente del Congreso por valor de casi 20.000 euros; el desembolso de 450.000 euros por parte de una constructora de Francisco Hernando, 'El Pocero', para pagar obras realizadas en la hípica Almenara; el regalo por parte de varios empresarios de caballos al hijo de Bono valorados en 100.000 euros, y el regalo de una estancia a la familia Bono en Baqueira por un grupo hostelero.

Sobre el delito de falsedad en documento público por no haber declarado, según los querellantes, todo su patrimonio, el Supremo niega la mayor y sostiene que nunca «faltó a la verdad».