UN S.O.S. DESDE EL ESCENARIO

Han saltado las alarmas en el teatro español. Las palabras de Miguel del Arco tras recoger el premio Max que le acredita como mejor director de 2010 fueron la bengala encendida por un sector en busca de auxilio que teme naufragar, porque cada vez cuesta más que los números salgan. Se habla de la intensa efervescencia creativa del teatro que, en el caso de Del Arco ha sido ampliamente reconocida con siete galardones Max. «Pero sin el apoyo económico no se va a ninguna parte», reflexiona. «No hay un solo productor que no tenga problemas de impago con algún ayuntamiento», se lamenta.

Motivos no le faltaban al director de 'La función por hacer' para abrir la caja de los truenos. Y es que en su oficina se amontonan facturas por cobrar que suman casi 100.000 euros y los deudores son las administraciones locales. «¿Cómo voy a salir de gira si tengo que poner dinero de mi bolsillo?», se pregunta el director de Kamikaze Producciones. Un nombre profético. «Si siguen sin pagar, desaparecerá el teatro», proclama agorero.

«La deuda municipal y autonómica con la cultura tiene que ser interpretada con el mismo rigor que la contraída con otras empresas», reclama Félix Palomero, director general del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM). Parece que a las artes escénicas no se las toma en serio. Porque, denuncia la profesión, son ellos quienes están financiando a los ayuntamientos, que retienen los ingresos de la taquilla.

«Algunos ayuntamientos han descubierto que pueden recibir dinero líquido todos los fines de semana; un dinero que yo arriesgo», denuncia Jesús Cimarro, que ostenta el título de productor con más facturas impagadas: «En total, 1.150.000 euros. Seguimos adelante con cinco líneas de crédito para las que he tenido que hipotecar todo mi patrimonio». El productor está al frente de la compañía Pentación, con doce espectáculos en cartel que dan trabajo a 108 personas. Gestiona además el Teatro Bellas Artes y La Latina, en Madrid. «Los beneficios que nos reportan los revertimos en los créditos», aclara. Del Arco no ha querido hipotecarse. «¡Lo que me faltaba!», exclama. «La manera de sustentar ahora mismo la compañía es con el dinero que gano con trabajos al margen de Kamikaze. Así puedo tener un remanente para hacer frente a los impagos».

La lista de morosos de Cimarro es muy amplia. «Tengo preparados una veintena de procedimientos para denunciar a 25 ayuntamientos. Son los que me deben facturas de 2009 y 2010. Un año es margen suficiente para saldar una deuda». También intenta evitar las localidades con más de dos facturas pendientes. «La contratación de mis producciones ha bajado entre un 15 y un 20%», sostiene. Y lo peor: «Algunos alcaldes han llegado a chantajearme con no volver a contratar mis espectáculos por reclamar lo que es mío».

Dos años y medio para cobrar

Igual de dramático es el caso de Juanjo Seoane, que también ha tenido que hipotecar su casa para sacar adelante 'La violación de Lucrecia', con Núria Espert, y 'Un tranvía llamado deseo', dirigida por Mario Gas. Los ayuntamientos le adeudan 600.000 euros. «Que a mis 72 años, 44 de ellos en el mundo del teatro y con 103 producciones me tenga que ver en éstas...», se resigna desolado. «He pedido ayuda al ministerio pero no pueden hacer nada. Si no me empiezan a pagar, la próxima temporada no podré seguir. Me he quedado afónico de gritarlo por todos los organismos oficiales».

El de Seoane es un grito de auxilio desesperado. «Tengo que pagar el 18% de unas facturas que no he cobrado». La situación se torció en 2009. Los pagos empezaron a demorarse cada vez más: dos años y medio tardó el Consistorio de Cazorla (Jaén). «Lo hizo tras un embargo. Para cobrar los 17.500 euros que me debían tuve que pagar 5.000 euros a abogados y procuradores».

Hay más factores que agravan la situación. «Ha habido una política de precios equivocada porque se programaba por debajo de costes», denuncia Anna Rosa Cisquella, productora ejecutiva de Dagoll Dagom y presidenta de Ciatre, que aglutina a las compañías de teatro catalanas. Cuando las arcas municipales estaban llenas, los municipios pagaban un fijo a las compañías y cobraban las entradas a fondo perdido muy baratas. «Se ha abusado de la gratuidad de los espectáculos», señala Palomero. Ahora, los ayuntamientos obligan a que las compañías dependan de la taquilla. «Los espectadores no quieren pagar más y no se cubren gastos», se lamenta Cisquella.

Ciatre no tiene constancia de ninguna compañía catalana en «estado crítico» sólo por los impagos. Según su presidenta, «están preocupadas por la situación, ya que también ha habido una bajada de la contratación muy grande». El último dato del que dispone el ministerio es de 2009, y ya evidencia la cuesta abajo: un descenso del 5% respecto al número de representaciones de 2008 tras un lustro de continuos aumentos. En 2010, asegura la profesión, la caída fue aún más evidente. Las partidas presupuestarias para Cultura menguan año tras año. Mientras que la media de recortes presupuestarios previstos para 2011 es de un 6,5%, el de Cultura es de un 16,7%. «La cultura siempre ha sido la hermana pobre, pero el teatro somos los desgraciados que tenemos que pedir limosna», recalca Seoane.

Junto con el descenso de la contratación, apunta Palomero que las compañías tienen cada vez más dificultades a la hora de «acceder a líneas de crédito». Y del Arco da fe. «Que tengas como aval un contrato con un ayuntamiento no sirve de nada».

La red de teatros públicos

Cimarro, no obstante, no quiere meter a todos los ayuntamientos en el mismo saco. «Los morosos son un 30%. El resto pueden tardar más o menos, pero cumplen. Producimos ocio, cultura, entretenimiento, glamour... Es muy desagradable tener que contar los entresijos del negocio».

¿Por dónde pasa el futuro del teatro español? «Primero, porque los municipios y comunidades autónomas paguen sus deudas», apunta Seoane. Cimarro reclama sentido común. «Si no hay dinero para pagar un servicio, que no se contrate». Buena parte de los testimonios coinciden en la necesidad de revisar el modelo actual, en el que, exceptuando ciudades como Barcelona, Madrid o Bilbao, no existen teatros privados. «Conviene hacer un análisis estructural», adelanta Félix Palomero. «Se han construido nuevas infraestructuras culturales sin estudios de viabilidad. No es un modelo sostenible». La explotación de la red de teatros públicos, que faciliten la movilidad, puede ser un buen principio. «Pero no hay manera de desencallar esta cuestión porque cada ayuntamiento es de una opción política distinta», argumenta Cisquella.

Tanto el Ministerio de Cultura como la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza se han reunido con la Federación de Municipios y Provincias para hacerles partícipes de esta situación. Y por muy buena intención que haya por todas partes, sus decisiones «no son de obligatorio cumplimiento», explica Palomero. «Entre eso y nuestra colaboración con las comunidades habrá que alcanzar una especie de pacto de gobernanza. Un libro de estilo». Todo con tal de poner fin a la paradoja del teatro español: que aún viviendo un momento artístico notable, acabe naufragando. «¡Se van a cargar el teatro!», clama Seoane a modo de S.O.S.