Rubalcaba se niega a disolver las concentraciones del Movimiento 15M

Alfredo Pérez Rubalcaba dijo no a los antidisturbios, siempre que no hubiera desórdenes públicos. No fue una decisión solo política, fue casi más jurídica y técnica. Los abogados del Ministerio del Interior dieron a primera hora de ayer la fórmula al vicepresidente: la ley de Seguridad Ciudadana, la ley Reguladora del Derecho de Reunión y el Código Penal solo facultan a las fuerzas de seguridad a disolver manifestaciones o concentraciones violentas o ilegales, en el sentido penal, más allá de las decisiones que adopte la Junta Electoral Central.

Esas leyes dieron la cobertura a Interior para evitar unas operaciones policiales «inviables» de ejecutar sin decenas de heridos, avalanchas y males mayores, según coincidieron en advertir los responsables de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de la que dependen las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios).

Rubalcaba se quitó el traje de líder socialista, suspendió su participación en un mitin en Cádiz, y se colocó el de máximo responsable de la seguridad en España con reuniones en Madrid con sus más cercanos colaboradores y técnicos para valorar la situación creada por la Junta Electoral al prohibir las protestas hoy y mañana. Antes de ir a la Moncloa, ya tenía la decisión, la de no disolver, pero no la hizo pública en la comparecencia tras el Consejo de Ministros.

Esa determinación vino tras el dictamen de los abogados del Estado: había base jurídica para no actuar. La Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 (Ley Corcuera) solo permite a las fuerzas de seguridad «disolver, en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones» en los supuestos que prevé la Ley Reguladora del Derecho de Reunión de 1983 y estos son muy restrictivos. El artículo cinco de esa norma circunscribe a solo tres casos la intervención policial ante una concentración: que sea ilícita «conforme a las leyes penales», o que se celebre con el fin de cometer algún delito o que concurran personas con armas o artefactos explosivos, según el Código Penal; cuando haya alteraciones del orden público o que se usara parafernalia paramilitar. Y ninguno de esos supuestos era aplicable a las 70 concentraciones de los indignados repartidas por la geografía nacional.

Con esas premisas, Rubalcaba compareció tras el Consejo de Ministros resuelto a no aclarar nada, aunque la decisión de no actuar ya estaba tomada con independencia de lo que decidiera el Supremo, si bien tampoco se podía anunciar para no dar alas a los concentrados. Sus respuestas fueron de lo más vagas, pero también medidas. «La Policía -dijo- sabe perfectamente lo que tiene que hacer», «se va a cumplir la ley», las fuerzas de seguridad actúan bajo los principios de «congruencia, oportunidad y proporcionalidad» o «lo sensato es esperar a que se produzcan los acontecimientos».

Solo dio una pista que ya apuntaba a la inacción, las concentraciones se han desarrollado de forma «absolutamente pacífica» y sin que haya habido «ningún incidente». José Luis Rodríguez Zapatero, informado en todo momento de las posibilidades de actuar, fue también hermético y sentenció que «Interior actuará con inteligencia».

Cargas inviables

Rubalcaba, además, ya había recabado la opinión de los expertos del Cuerpo Nacional de Policía. Su sentencia fue clara, no había efectivos suficientes para disolver las más de 70 concentraciones dado que buena parte de las unidades de intervención habían sido desplazadas a Madrid desde Barcelona, Sevilla, Valencia, Galicia y Madrid ante las proporciones de la concentración en Sol.

Y, aunque Interior logró congregar a cerca de un millar de antidisturbios disponibles en Madrid, el desalojo de la Puerta del Sol era «inviable» ya que durante la tarde y noche se congregaron miles de personas.

El menor intento de dispersar a la multitud, advirtieron los responsables de la UIP, provocaría avalanchas con más que probables heridos. Además, explicaron los responsables de la Comisaria de Información, entre los concentrados en las diferentes plazas de España no había un número destacado de infiltrados de grupos violentos que pudiera hacer pensar en altercados.

Ante esta perspectiva, los policías recibieron la orden de limitarse a informar a las personas que se acercaban a las concentraciones que éstas eran ilegales.