Votar en libertad

Los últimos días de la campaña para las elecciones municipales y autonómicas están siendo protagonizados por un movimiento de contestación al dominio de la economía financiera sobre las condiciones económicas en que viven millones de personas y a las inercias partitocráticas que estrechan las posibilidades de la participación política en España. Las dudas que dicho movimiento suscita tanto sobre su propia naturaleza y cohesión interna como sobre su repercusión en la vivencia legitimada del actual sistema de libertades no deberían soslayar ni las inquietudes sociales que refleja ni cuestionar la licitud de su aportación, discutible en cuanto a su contenido, a la realización colectiva de la democracia. La decisión de la Junta Electoral de Madrid de prohibir la concentración convocada con urgencia para ayer por integrantes del Movimiento 15-M, al entender que no concurrían causas extraordinarias para ello y porque la petición de los solicitantes de un 'voto responsable' podría afectar a la campaña y al libre ejercicio del sufragio universal, constituye una interpretación estricta -y puede que restrictiva- de la normativa vigente. La democracia representativa ha de preservar el derecho al voto como expresión libre de la voluntad ciudadana. Parece evidente que el denominado Movimiento 15-M irrumpe en medio de la campaña electoral y no antes; como ha quedado demostrada su repercusión en el desarrollo de la misma. Pero más discutible resulta que sus convocatorias afecten realmente al libre albedrío de una ciudadanía que ha ejercido numerosas veces el derecho al voto y es partícipe de un flujo permanente de información. Máxime cuando tratan de evitar el escoramiento partidario. Las concentraciones que partieron del 15-M adquieren una dimensión diferenciada en las ciudades en las que se producen, tanto desde el punto de vista de su capacidad de convocatoria como respecto al sesgo de sus consignas más notorias. Sin embargo, e independientemente de la casuística particular que afectaría al ámbito de actuación de cada junta territorial, sería conveniente que la instancia electoral central adoptase, de oficio, un criterio general no solo respecto al desarrollo de la jornada de reflexión, y por supuesto al del día de las elecciones, sino también en relación a las iniciativas de movilización que pudieran producirse hoy y mañana.