El 90% de los directivos aprueba los sobornos si sirven para cerrar un buen negocio

La crisis ha hecho más vigente que nunca aquel refrán que dice «con dinero en la mano, el monte se hace llano». La ética se aparta o se deja para otro momento en el que la presión por mantener o mejorar los resultados no sea tan asfixiante.

Así se desprende de un estudio realizado por la consultora Ernst&Young sobre fraude empresarial en Europa que no deja en muy buen lugar a España, donde el 90% de los directivos justifica sin el menor problema 'atajos' como el soborno o los regalos a sus clientes con el fin de cerrar un negocio.

Basado en 2.365 entrevistas a directivos y empleados de multinacionales y compañías cotizadas del Viejo Continente a comienzos de año, el informe asegura que, en el caso de España, más de la mitad de los encuestados cree que la presión para mejorar los balances crecerá inexorablemente en los próximos meses.

Todo vale para ganar dinero o, al menos, para no perderlo. El 57% de los encuestados cree que en España el soborno y las prácticas corruptas se dan con asiduidad a la hora de hacer negocios. A la pregunta concreta de si los directivos deberían tomar 'atajos' para alcanzar los objetivos impuestos en sus firmas, nueve de cada diez ejecutivos responden «sí», muy por encima del 50% constatado de media en Europa.

Si la misma cuestión se plantea a los trabajadores de base (sin altas responsabilidades), la fotografía no cambia: el 82% de los operarios españoles aplaude las trampas mientras el promedio en los 25 países analizados se queda en el 62%. Las triquiñuelas más aceptadas son los regalos personales, la oferta de un 'entretenimiento' o, directamente, el pago en efectivo.

Chivatos con premio

Otro de los matices interesantes del informe es el que hace referencia al enriquecimiento a través de la delación. A los encuestados se les explica la esencia de la Ley Dodd-Frank, vigente en Estados Unidos desde 2010 y que, básicamente, permite que quien denuncie una práctica irregular en compañías cotizadas podrían optar a suculentas recompensas económicas ligadas a la multa que se imponga al infractor. En España, el 71% de los consultados aprobaría este sistema.

«La mayor tolerancia al soborno y la corrupción, junto con la reducción de costes impuesta en muchas empresas, les está generando más exposición a sufrir un fraude», señala Ricardo Noreña, socio de Erns&Young.