Guerra de cifras entre PP y la Junta sobre los ERE ya extinguidos

La pelea política a raíz del fraude en los ERE (expedientes de regulación de empleo) ha desembocado en una guerra de cifras entre el Partido Popular y el Gobierno andaluz. El PP acusa a la Junta de mentirle «de forma consciente» sobre los ERE 'muertos', ya que, según manifestó ayer el secretario general de este partido en Andalucía, Antonio Sanz, no son 15 como afirma el Ejecutivo, sino 349 los expedientes 'muertos'. La portavoz de la Junta, Mar Moreno, defendió ayer el «rigor» de sus datos y acusó al PP de manipularlos.

Todo parte de la petición del PP a la Junta para que investigue los ERE 'muertos' o extinguidos, es decir, los que ya se terminaron de pagar. El PP está convencido de que en ellos también hay intrusos y por ello exige al Gobierno de Griñán que los analice como ha hecho con los ERE 'vivos', los que todavía está pagando. En total, 68 ERE de otras tantas empresas, en la mitad de los cuales descubrió 72 intrusos y 111 irregularidades entre las 5.982 pólizas de los trabajadores beneficiados. La Junta cifra el fraude en nueve millones de euros de los cerca de 700 millones de la partida de los Presupuestos de la Junta de Andalucía destinada a ayudas sociolaborales y que el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, de quien dependía esta partida, llamó 'fondo de reptiles', aunque luego se retractó.

Más de 500 expedientes

En la respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del PP, el consejero de Empleo, Manuel Recio, comunica que los ERE 'muertos' en la última década son 15, afectando a 693 trabajadores, cuyos pagos ya están liquidados. El PP pone en duda esta información. Es más, Antonio Sanz aportó ayer otra cifra bastante alejada de la del consejero de Empleo. Según Sanz, en el Juzgado 6 que investiga el fraude hay 535 expedientes para ser analizados, de los cuales un total de 349 son ERE 'muertos' o liquidados. Para Sanz este dato refleja que la investigación de la Junta «está coja» y acusa a esta de marear a la jueza de los ERE con información inexacta con el plan de «obstruir» a la Justicia y «ganar tiempo». Según el dirigente popular, en la documentación remitida a la jueza del caso, Mercedes Alaya, «hay documentos duplicados, desordenados, sin índice alguno y papeles mezclados».

Fuentes de la Junta dudan del rigor de los datos aportados por Sanz y advirtieron ayer de que una cifra con más de 500 expedientes de regulación de empleo en una década es incluso casi imposible en todo el territorio nacional. También recuerdan que la jueza ha pedido la documentación para investigar los ERE muertos y que la Junta sólo analizó los 'vivos' para detener el pago a los posibles intrusos.

Preguntada tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia y portavoz de la Junta, Mar Moreno, defendió el «rigor» de la respuesta de la Consejería de Empleo. Para Moreno, el PP manipula los datos con el objetivo de «estirar el chicle» de un fraude que, recalcó varias veces, «ha sido destapado» por el Gobierno andaluz. «Arenas puede hablar de ERE porque los ha destapado, los ha investigado y llevado al juzgado la Junta de Andalucía», manifestó. Moreno se lamentó una vez más que el PP utilice el fraude como arma arrojadiza contra la Junta en la batalla política. «No hay un solo precedente de gobierno del PP que haya denunciado un fraude o una irregularidad que le pueda afectar a cualquiera de sus instituciones como ha hecho el Gobierno andaluz», agregó.

Por otro lado, la jueza Mercedes Alaya ha solicitado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía, «auxilio jurisdiccional» en la investigación de los ERE irregulares, según recoge' Europa Press.

La magistrada informa, en un auto firmado el pasado 7 de abril, sobre la complejidad del análisis de los ERE dado que los intrusos no aparecen en estos, sino en la tramitación de las pólizas de seguros. Por ello, y porque «siendo ingente la documentación a examinar», se ve en la necesidad de reclamar ayuda a expertos de la citada dirección general para que «colaboren» con el juzgado y la policía judicial en la investigación técnica del caso.