Schengen solo se anulará en caso extremo

La Unión Europea avanza en la revisión del espacio Schengen impulsada por Francia e Italia. Los ministros de Interior de los Veintisiete debatieron ayer en Bruselas la posibilidad de reintroducir las fronteras interiores en casos excepcionales como una crisis migratoria. Los socios comunitarios no sellaron ningún acuerdo, pero las tesis defendidas por París y Roma cuentan ya con un amplio consenso. La mayoría de los países aceptan restringir el derecho a la libre circulación -uno de los logros históricos de la UE- como «último recurso».

La discusión se sitúa a estas alturas en una fase técnica, pero arrancó a principios de año al calor de la llegada masiva de inmigrantes norteafricanos a las costas italianas. El Gobierno de Silvio Berlusconi se desgañitó pidiendo ayuda a la UE, pero sus socios le recomendaron que repatriara lo antes posible a los miles de 'sin papeles'. Roma, en cambio, optó por regularizar temporalmente a unos 20.000 tunecinos, lo que levantó ampollas en el resto del continente. Francia, donde el Frente Nacional ha ganado terreno en las encuestas, reaccionó prohibiendo la entrada de trenes italianos en los que viajaban decenas de extracomunitarios.

La decisión del Gobierno francés provocó una tormenta política porque afectó de lleno al derecho a la libre circulación, un emblema europeo solo comparable con el euro. La llegada de una oleada de 'sin papeles' a Italia, una de las fronteras exteriores de la UE más expuestas al problema de la inmigración, había derivado en una revisión de los límites comunitarios interiores. Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi zanjaron su conflicto con una propuesta para que la normativa de Schengen se clarificara y permitiera la reinstauración de los controles fronterizos en Europa cuando un país se vea desbordado por una avalancha de inmigrantes.

La Comisión, lejos de plantar batalla, aceptó las tesis de Roma y París y elaboró un documento base para la modificación del espacio sin fronteras. Este texto, presentado la semana pasada, contemplaba afrontar el problema migratorio de forma global. Es decir, avanzar hacia una política común en este campo que incluya reforzar los recursos de Frontex -la agencia europea de fronteras-, desarrollar los acuerdos de repatriación con terceros países y pactar un reconocimiento equivalente del derecho de asilo. En cuanto a Schengen, Bruselas admitió su suspensión temporal en «circunstancias excepcionales».

Patrimonio a defender

Los ministros de Interior de los Veintisiete tenían que ofrecer en la cumbre de ayer una primera opinión sobre el documento de la Comisión. La comisaria del ramo, Cecilia Malmström, aseguró tras el encuentro que todos los socios habían subrayado de entrada que Schengen es un patrimonio común a «defender y preservar». Aunque las discusiones se prolongarán en las próximas semanas, Malmström avanzó que la mayoría de los países -alrededor de 15 según fuentes comunitarias- están dispuestos a apoyar la suspensión de Schengen como «último recurso».

La comisaria sueca precisó que ahora deberán elaborar un nuevo documento que incluya los «casos» en los que se pueden reinstaurar las fronteras. Se da por hecho que en el listado aparecerá la crisis migratoria, pero Malmström aseguró que también se contemplarán otros supuestos. España, uno de los siete países fundadores de la Europa sin fronteras en 1995, defendió junto a Bélgica, Chipre y Malta dejar la normativa como está. Actualmente, un total de 25 socios -entre ellos Suiza, Noruega e Islandia que no pertenecen a la UE- conforman el espacio Schengen. 400 millones de personas se benefician del área de libre circulación.

El segundo gran debate asociado a su modificación es quién autorizará la reinstauración de fronteras en un caso excepcional. Hasta ahora, los países pueden hacerlo de forma unilateral por razones de seguridad o en grandes eventos internacionales. La Comisión defendió ayer que se aproveche el momento para avanzar en la integración -el paso sería de un gran calado- y la decisión se tome de forma coordinada. Francia, incluso, apostó por la creación de una instancia que se encargue de la «gestión del espacio común». Alemania y Austria ya han mostrado sus reticencias porque consideran que esos poderes deben quedar en manos de los estados.