Reformas inaplazables

Las dudas que suscitan las previsiones de crecimiento que viene manejando el Gobierno, contestadas por diversos centros de estudio desde que la vicepresidenta Salgado las hiciera públicas, y la inquietud generada en los mercados tras evidenciarse las dificultades por las que atraviesa Grecia, obligan a volver la vista hacia las reformas económicas en marcha y hacia esas otras inaplazables a las que el presidente Zapatero parece consagrar la continuidad de la legislatura. El informe presentado por el servicio de estudios del BBVA ha sido el último en rebajar las expectativas del Gobierno, pronosticando que 2011 se cerrará con un crecimiento del 0,9% del PIB frente al 1,3% previsto por el Ejecutivo, y que 2012 no crecerá más que un 1,6% en contraste con el 2,3% anunciado por Elena Salgado. Las desavenencias entre las diversas entidades que realizan previsiones y las del Gobierno no debe proyectarse como una competición de expertos para ver quién acierta al final, sino que por sí misma constituye motivo suficiente para que las instituciones perseveren en el cambio de modelo productivo, cumpliendo con los compromisos de estabilidad presupuestaria. Los protagonistas del diálogo social -centrales sindicales y organizaciones empresariales- han ido posponiendo el acuerdo para la reforma de la negociación colectiva, anunciado inicialmente para antes de que finalizase 2010. Dado que no han conseguido alcanzarlo antes de la campaña electoral, parece inevitable que se posponga para después de los comicios autonómicos y locales. El período electoral no es el más adecuado para activar cambios y suscitar polémicas partidarias a su costa. Pero puede resultar aún más improcedente que, tras evitar las malas noticias durante la campaña, las instituciones anuncien recortes después del escrutinio electoral y reanimen las reformas pendientes una vez pasado el peligro de incomodar a los electores. Sobre todo cuando tanto CC OO y UGT como la CEOE van a fijar postura con anterioridad al 22 de mayo. Cuando menos resulta conveniente que los actores del diálogo social, el Gobierno y los partidos políticos den su concreto parecer sobre el futuro de la negociación colectiva antes de que se abran los colegios electorales.