Violencia religiosa

El Gobierno egipcio reaccionó con gran contundencia tras los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes que dejaron el viernes doce muertos y dos centenares de heridos en el barrio cairota de Imbaba, donde se desarrolló una batalla campal delante de la iglesia de la Virgen María. Tras separar a los beligerantes y cercar el lugar con efectivos armados, el Gabinete se reunió en sesión de emergencia, el primer ministro canceló un viaje al extranjero y se advirtió de que el Gobierno juzgará a los responsables en tribunales militares y combatirá «con puño de hierro» todo ataque a la unidad nacional. El episodio, como siempre, tiene un origen privado y se refiere una vez más al problema de las opciones personales de la gente: una joven aparentemente se convirtió al islam para casarse y, en la versión de los agresivos salafíes, había sido secuestrada por cristianos y retenida para impedirlo. Los cristianos, que niegan la veracidad de los hechos, se reunieron a su vez y ambos bandos, y esto es particularmente inquietante, recurrieron a sus arsenales de armas de fuego, lo que explica tantos muertos y heridos en las dos partes. Las autoridades, además de mostrarse severas y garantes de la Ley, deben desarmar a estos grupúsculos islámicos ultraconservadores y tradicionalistas, además de cuidar particularmente la libertad religiosa, sin la que el nuevo orden quedaría en grave entredicho con serias consecuencias. Los coptos, alrededor del 10% de la población y a la baja, han coexistido en Egipto sin graves problemas con el islam durante siglos, han dado a su país personalidades de prestigio en todos los órdenes de la vida social y política y sería una cruel paradoja que en los albores del siglo XXI, con el triunfo de la libertad individual y en el marco de un deslumbrador cambio democrático en su país, se sintieran como una minoría asediada en su propia tierra. Es útil recordar que la gran mayoría de sus compatriotas, incluida la respetada autoridad religiosa de Al Azhar, reprueba toda violencia contra ellos. Pero el Gobierno hará bien en aplicar contra los ultras violentos toda la severidad que ha prometido si no quiere ver su excelente imagen deteriorada por las acciones de grupos fanáticos y agresivos.