El Gobierno avisa a Bildu de que va a vigilar sus movimientos en campaña

Alfredo Pérez Rubalcaba, desde su sillón de portavoz del Gobierno, advirtió ayer a los líderes de Bildu de que las fuerzas de seguridad del Estado tienen orden de vigilar todos sus movimientos durante la campaña electoral y de que si detectan algún gesto o indicio de connivencia con ETA o con Batasuna el Ejecutivo volverá a los tribunales para pedir otra vez su exclusión electoral o la suspensión de la toma de posesión de sus electos, si las pruebas se encuentran tras el recuento electoral.

El Tribunal Constitucional rectificó el jueves al Supremo y autorizó a los candidatos de Bildu a presentarse a las elecciones del 22 de mayo, pero este no es el único ni el último filtro judicial contra los sospechosos de connivencia con ETA que prevén las leyes electoral y de partidos. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado podrían impugnar de nuevo las listas de la coalición y pedir su exclusión de los comicios si observan tachas de ilegalidad en la actividad de la formación antes del 13 de mayo. También pueden reclamar al Supremo que congele la proclamación de los concejales, junteros o parlamentarios electos en los días siguientes a la votación si hallan pruebas para promover un proceso de ilegalización, por vinculación con ETA-Batasuna, contra los partidos que integran Bildu, en este caso Eusko Alkartasuna y Alternatiba.

El vicepresidente primero, sin desvelar si estaba de acuerdo o no con el fallo, fijó la postura del Ejecutivo y dijo que «acata y respeta» la decisión del Constitucional porque es la corte que tenía «la última palabra» en este asunto, y porque «el Estado de Derecho hay que respetarlo siempre». Indicó que todas las instituciones, fuerzas de seguridad, Gobierno, Fiscalía y tribunales, «han hecho correctamente su trabajo». Sostuvo además que decir que el Ejecutivo presionó a los magistrados para que rectificasen al Supremo es algo «rotundamente falso» y «una insidia». A renglón seguido, alertó a Bildu de que el Consejo de Ministros «va seguir aplicando la ley (electoral) como hasta ahora porque la norma dice lo que dice porque el Gobierno ha querido».

Rubalcaba contestó que ni él ni José Luis Rodríguez Zapatero han hablado aún con el PNV para tratar de recomponer la sociedad parlamentaria que los nacionalistas bloquearon a expensas de un fallo del Constitucional favorable a Bildu, pero indicó que lo que importa ahora de verdad es constatar que la unidad contra el terrorismo sigue intacta tras una sentencia que ha disgustado y mucho al PP.

«Estamos viviendo -dijo- el principio del fin de ETA, al que se ha llegado de la mano de la aplicación firme del Estado de Derecho, y confío que de su mano acabaremos con la banda». El vicepresidente primero, en un claro mensaje a PP y PNV, pidió «unidad, unidad, unidad» y «hacer piña» con independencia de las «distintas opiniones» sobre el ritmo con que deben aplicarse las medidas para terminar con la violencia que tiene cada uno.

Contención en el PP

El PP está indignado con los magistrados progresistas del Constitucional, esa «mayoría raquítica» que abrió la puerta de los comicios a quienes consideran «los cómplices de ETA», pero como partido optó por la contención. Ni Mariano Rajoy ni ningún otro miembro de la dirección nacional de los populares responsabilizó al Gobierno de la sentencia ni hizo un solo comentario que permita pensar que la unidad antiterrorista o el pacto de gobierno en Euskadi sufren fisuras o están en peligro. La contención coincide con las pocas ganas de Rajoy, según reconoció él mismo el jueves, de crispar una campaña electoral que considera ganada por inasistencia de un electorado socialista desmotivado.

Los populares se limitaron a «lamentar» y «rechazar» el comportamiento del Constitucional y, eso sí, a exigir al Gobierno que utilice y «agote» todas las vías e instrumentos que la ley pone a su alcance para impedir que Bildu esté en las urnas o, si no es posible antes, para que los electos nunca llegan a tomar posesión de sus cargos. La portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que si el Ejecutivo es incapaz de conseguirlo, en cuanto el PP llegue al Gobierno, «les sacará de ahí (de las instituciones) como sea». Se refería a la posibilidad legal de expulsar de ayuntamientos o parlamentos a los cargos de formaciones ilegalizadas tras los comicios que no abjuren en público del terrorismo.

Rajoy respeta el fallo, pero no lo comparte en absoluto porque cree que es «un paso atrás evidente» en la lucha contra ETA, un retroceso que Federico Trillo, el portavoz de Justicia del PP, cuantificó en diez años porque cree que dilapida el trabajo realizado desde la ilegalización en 2003 de Batasuna. Sáenz de Santamaría fue la más dura con los magistrados progresistas favorables a los interes de Bildu. «Si la conciencia no les ha pesado, la historia y la sociedad civil dirán lo que tengan que decir», añadió.

Frente a la postura pragmática de la dirección popular, los sectores más duros del partido, encabezados por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, denunciaron que la sentencia del Constitucional es fruto de la negociación que hay entre ETA y el Gobierno, además de una traición. Piden la dimisión inmediata de Zapatero y exigen la ruptura del pacto antiterrorista y del que sostiene en el Gobierno vasco a Patxi López.