«Estoy muy feliz porque es de justicia que al menos investiguen y aclaren qué ocurrió»

A Francisca Pinto la noticia que lleva tres décadas esperando la conoció de la forma menos esperada: al leer la información que publicaba LA VOZ en su edición de ayer. La Audiencia Provincial de Cádiz aceptaba el recurso presentado por la Fiscalía, en el que se oponía al archivo de la denuncia de Francisca por la supuesta sustracción de su hija recién nacida, oficialmente muerta en 1979.

El órgano provincial se pronunciaba por vez primera en un asunto, que solo había tenido hasta la fecha el apoyo del Ministerio Público. Al menos hay un tribunal, el de la Sección Tercera, que entiende que los hechos no han prescrito y que, por tanto, hay materia para al menos abrir diligencias judiciales. Eso tendrá que hacer ahora el titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Cádiz, quien había decidido hace unos meses darle carpetazo sin indagar en los relatos de Francisca Pinta y de otra madre.

«Estoy muy feliz porque es de justicia que al menos investiguen», decía ayer Francisca sin ocultar una ilusión que se escapaba incluso por el hilo telefónico. Sin embargo, aún no había recibido el auto de la Audiencia de manos de su abogado, el letrado que tiene contratado la asociación Anadir, una de las impulsoras de las decenas de denuncias que se acumulan en las fiscalías provinciales de todo el país. «Cuando estuvimos el otro día allí -se refiere al edificio de la Cuesta de las Calesas- les dije a mis compañeras que preguntáramos por mi denuncia, pero al final nos fuimos sin hacerlo. Teníamos mucho miedo de que la echaran para atrás otra vez porque entonces poco futuro iban a tener el resto de madres».

Esta vecina de Arcos fue a la primera, de los testimonios que han salido a la luz hasta el día de hoy, que le archivaron una denuncia por supuesta sustracción de su bebé en 1993. Catorce años antes, dio a luz una niña por cesárea en Zamacola, ahora Puerta del Mar. «Había ingresado en Jerez, pero me derivaron a Cádiz». Allí estuvo hospitalizada en planta una semana hasta que se puso de parto. «Yo nunca vi el bebé, pero mi marido sí». La imagen que tienen grabada los familiares que llegaron a ver con vida a la pequeña, metida en el nido, es la de un recién nacido que estaba en perfectas condiciones «y que movía las manitas constantemente». Cuando Francisca despertó de la sedación, el médico le informó que la pequeña, a la que habría bautizado con el nombre de María José, había muerto. «Me dijo que había nacido con el cuello roto. Pero al cabo del tiempo, otro médico amigo nuestro nos confirmó que con esa lesión era imposible que el bebé moviera las manos y los brazos como había comprobado mi esposo».

Lo que definitivamente le llevó a presentar una denuncia hace casi una década y cuando los relatos que ahora se investigan eran considerados poco menos que leyendas urbanas, fue a la hora de abrir la fosa donde debían estar los restos de su hija. «Quería trasladarlos a la sepultura de mi madre y fuimos al cementerio con un notario para que levantara acta. Al abrir solo encontraron los restos de un feto que había fallecido un año antes. No había nada más». Ella había logrado que le abrieran el enterramiento; una demanda que plantea Anadir y que ha plasmado en una hoja, acompañada de más de 30.000 firmas, que solicitan la implicación del Ministerio Público para que las autoridades acepten abrir los osarios. Unas rúbricas que fueron entregadas el miércoles en la Fiscalía.

«Si me archivaban a mi el caso, las otras familias temían que ni siquiera pudieran conseguir la apertura de las fosas comunes. Con esta noticia que me dais, se abre una ventana de esperanza para todos. Qué menos que se aclare qué ocurrió hace años».

Ella lo va a conseguir a la tercera. Tras interponer la denuncia en 1993, el juez la archivó por prescripción de delito. Hace unos meses, cuando la bola de casos fue engordando con nuevos testimonios, decidió sumarse a la marea y volvió a presentar la misma documentación en el juzgado nº 2 de Cádiz. Además del acta del notario, Francisca Pinto aportó un documento por el cual el hospital le daba el alta a ella y a su hija recién nacida. «Nuestro amigo el médico nos dijo que ese papel significaba que mi pequeña había salido por la puerta». No tiene ni certificado de defunción ni legajo de aborto. Solo la inscripción del enterramiento en el cementerio.

La respuesta que obtuvo hace escasos meses fue la misma: se archivaba el caso por la controvertida prescripción. Ahora la Audiencia le da la razón al fiscal que hace una interpretación distinta. De confirmarse los hechos que apunta Francisca y decenas de madres más, entre los implicados habría funcionarios que se enfrentarían a una pena de inhabilitación que está sujeta a plazos distintos de prescripción. El juzgado de Instrucción tiene que investigar.