La Audiencia dice que el Gobierno pagó el rescate del 'Alakrana'

La Audiencia Nacional rechazó ayer la versión del Gobierno sobre el rescate del atunero 'Alakrana' y confirmó que fueron «organismos públicos» quienes entregaron el dinero a los piratas. Año y medio después de la liberación del buque, en noviembre de 2009, el tribunal condenó a 439 años de prisión a Abdú Willy y Raageggesey Adji, los dos piratas acusados del secuestro que fueron capturados por la Armada. Asimismo, el fallo obliga a los asaltantes a indemnizar con 100.000 euros a los 36 tripulantes por los daños morales ocasionados por los 47 días de cautiverio.

El tribunal asegura que el Gobierno satisfizo el rescate, que según diversas fuentes se fijó entre los dos y tres millones de euros, que habrían procedido de los fondos reservados del Estado. Un extremo que fue rechazado en reiteradas ocasiones por el Ejecutivo con un rotundo «no pagamos rescate», según aseguraron en su momento la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Defensa, Carme Chacón.

Para los magistrados, «el resultado de la prueba practicada en el juicio ha demostrado, sin duda alguna, que no ha sido la empresa armadora, sino organismos públicos vinculados al Gobierno quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado (.)». Un argumento que los jueces utilizaron para rebatir una de las peticiones de la defensa de los piratas, que había reclamado en la vista la desclasificación de los papeles secretos referidos al pago del rescate.

El juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ya intentó indagar en noviembre de 2009 si el Ejecutivo requirió los servicios de un despacho de abogados londinenses para mediar en la liberación del atunero. Los informes policiales concluyeron entonces que la empresa armadora del 'Alakrana', Echebaster Fellet, no facilitó el botín, pero no dieron más pistas sobre quién o a través de qué canales se pudo hacer. De la misma forma, el CNI argumentó que era materia reservada por el Consejo de Ministros y que no se podía informar. Por todo ello, el juez Pedraz tuvo que cerrar esta línea de investigación.

Pero una vez celebrado el juicio y escuchados los testimonios de los tripulantes y del armador, las cosas han cambiado y por vez primera la Justicia confirmó que «organismos públicos» pagaron el rescate. Nada más conocer el fallo, el PP pidió explicaciones al Gobierno por negar la mayor durante todos estos meses, mientras que la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, mantuvo firme la versión oficial: «No hubo pago». «Se trata de una referencia muy vaga (en la sentencia), muy imprecisa, y no nos sentimos reconocidos ni aludidos», explicó en TVE.

La Audiencia da así por buenos los testimonios que mencionaban la figura de un tal 'Pepe' en el desenlace de la liberación. Un hombre blanco, de unos 45 años, de aspecto occidental, que hablaba inglés y francés y que se puso al frente de la negociación. Un misterioso personaje que actuó en nombre del Gobierno, según se desprende del fallo.

Dos negociadores

Así lo recordaba en el juicio José Víctor Orozco, jefe de máquinas del buque, para explicar cómo se pagó el rescate. «Había dos negociadores, uno somalí que se conocía por Yama y otro español de nombre Pepe. Llevaban juntos 48 horas y hablaban bastantes veces por teléfono. De pronto, vimos una avioneta blanca que tiró una cápsula a la parte de estribor. Dentro había una bolsa de un supermercado español, tal vez Eroski o Carrefour, llena de billetes. Era dinero, no sé si del Monopoly, pero era dinero», dijo al tribunal.

Los magistrados consideraron que las declaraciones de las víctimas fueron claves para condenar a 439 años de cárcel a cada uno de los dos piratas somalíes. Por los 36 delitos de detención ilegal, con agravante de estancia superior a 15 días, el tribunal les impuso 396 años de prisión, mientras que el resto de la pena, 43 años, corresponde a 36 delitos contra la integridad moral de los tripulantes (amenazas y vejaciones) y robo con violencia e intimidación.

El tribunal absolvió a los piratas de los delitos de terrorismo y pertenencia a banda armada. Con respecto al primero, asegura que el secuestro no buscaba subvertir el orden político y social de un sistema democrático, mientras que la pertenencia a banda armada es inviable si no hay indicios terroristas.