El PP lleva los ERE al Tribunal de Cuentas y estrecha el cerco político a Chaves

El PP une desde ahora a su cerco político a Manuel Chaves y a su personación en la causa penal que investiga los presuntos delitos que se cometieron en la concesión de ayudas a los ERE de Andalucía entre 2000 y 2008 una tercera vía. Los populares llevaron ayer toda la documentación de la que disponen del caso ante el Tribunal de Cuentas para que dirima si se ha producido irregularidades contables, es decir, una utilización inadecuada de fondos públicos. Así lo anunció Soraya Sáenz de Santamaría, que definió el denominado 'caso de los ERE' de «máster de infracciones y de descontrol de los fondos públicos».

La portavoz del grupo popular en el Congreso, acompañada del secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, presentó la denuncia ante el órgano fiscalizador de las cuentas públicas para «que se depuren las responsabilidades contables y, en la medida de lo posible, se reintegren aquellos fondos que han sido indebidamente usados y que debieran servir para pagar a trabajadores que hoy se ven dificultades».

Lo que ya sabe el PP es que no fructificará su petición para reprobar a Chaves en el Congreso porque ningún grupo secundará su propuesta que, según la formación que preside Mariano Rajoy, se basa en una doble circunstancia: «su incapacidad para estar al frente de las labores que tiene encomendadas por el Gobierno, como muestra el precario balance de su gestión en la vicepresidencia tercera del Ejecutivo», y en segundo lugar, «por su incapacidad para dar explicaciones sobre los escándalos que rodean su gestión política, que además ponen en duda su idoneidad en el Gobierno», destacó Sáenz de Santamaría.

Pese a este revés parlamentario, los populares mantienen el pie en el acelerador en su presión sobre el vicepresidente tercero, que tuvo que responder ayer a dos preguntas en el Senado. Chaves y los senadores del PP Javier Salas y Sebastián Pérez volvieron a protagonizar la parte más áspera de la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, con abucheos constantes de una y otra bancada. Quedó patente que el vicepresidente tercero no va a dimitir solo porque se lo pida el PP, pero los populares dieron una nueva vuelta de tuerca y acusaron por primera vez en sede parlamentaria a Chaves de ser la «'X' de los ERE de Andalucía», es decir, el responsable político involucrado en esta malversación de caudales públicos.Para Salas, el vicepresidente «mintió» al Senado porque, a su juicio, existen documentos que demuestran que un Consejo de Gobierno presidido por Chaves «engordó» un ERE «con intrusos» por más de «120 millones de euros». También se hizo eco de un encuentro que mantuvo Chaves con miembros de la empresa malagueña A Novo Comlink, investigada en el sumario de los ERE. El vicepresidente tercero, tras tachar de «indigna» la actitud del PP, se preguntó por qué después de la ristra de acusaciones de «irregularidades y delitos» aún no ha presentado una querella en los tribunales. «Es inexplicable» aunque al mismo tiempo encontró una razón: «No van a los tribunales porque las irregularidades que me atribuyen son mentira y las mentiras no superan el filtro de la justicia».