Financiación de las pensiones (I)

No todas las bazas están agotadas, existen otras formas de financiar las pensiones que no sea exclusivamente a costa de subir la edad de jubilación y ampliar los plazos de cotización. Como todos sabemos, parte de las pensiones se sufragan con las cotizaciones sociales pero otra gran parte se hace vía impuestos, igual que ocurre con las prestaciones de desempleo. Recientemente, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha publicado un informe en el que afirma que el 77% de los pensionistas españoles no llega ni a ser mileurista y uno de cada cinco jubilados está en riego de pobreza.

Como ya he apuntado en anteriores ocasiones, hay dos formas de reducir el déficit presupuestario: reducir el gasto a base de ampliar los plazos de cotización y retrasar la edad de jubilación o bien incrementar los ingresos por cualquiera de las vías posibles; mayor cotización o mayores impuestos. La primera alternativa está totalmente descartada por el alto coste social que supone gravar aún más al empresario (cuota empresarial) o al trabajador (cotización Seguridad Social), nos queda, en ese caso, la vía impositiva que no se traduce necesariamente en una indiscriminada subida de impuestos que pondría de nuevo a nuestra actual clase política contra las cuerdas por tan impopular medida sino siendo mas eficientes en la gestión y recaudación de los impuestos sin modificar los elementos esenciales de los impuestos.

En resumidas cuentas, se trata de obtener mayores recursos económicos casi con las mismas herramientas que ya disponemos: sistema impositivo actual, medios humanos (leve incremento) y recursos técnicos que conforman la administración tributaria. Todo ello sin incrementar las partidas presupuestarias, sin subir impuestos o crear nuevos. Y me preguntará el lector ¿cómo se puede aumentar los ingresos tributarios sin tocar ninguna de las variables que inciden en dichos recursos? La respuesta se llama EFICIENCIA y consiste en mejorar los procedimientos de gestión, inspección y recaudación de los tributos.

¿Y de qué forma se pueden mejorar los resultados derivados de los tributos? Pues siento pecar de reiterativo pero la forma, como ya he expuesto en otras ocasiones, no es otra que dedicar los medios humanos y técnicos de los que dispone la AEAT en una eficaz lucha contra la economía sumergida haciendo aflorar una parte del fraude fiscal que padecemos en España y que si lo recondujéramos a los niveles medios de los países de la UE-15 se podrían obtener más de 80.000 millones de euros.

Para ello me hago eco de una serie de medidas organizativas, muchas de las cuales ya han sido propuestas a nuestros parlamentarios y responsables políticos, por algunas organizaciones sindicales y profesionales que integran las plantillas que tienen asignado la gestión, inspección y recaudación de los impuestos y que podemos resumir en las siguientes:

Incrementar la plantilla de funcionarios dedicados a la comprobación de los tributos (léase gestión, inspección y recaudación). Siempre he sostenido que un funcionario dedicado a estas tareas es de los más rentables pues tal como está el país (23% de economía sumergida) multiplica por diez su salario (bueno por cinco se trata de un salario del grupo A1) con las liquidaciones y actas realizadas en el ejercicio de sus funciones...

En efecto, la AEAT cuenta con 27.951 empleados públicos, dotación de personal ocho veces inferior a la de los países avanzados de la UE. Además, la plantilla apenas ha crecido un exiguo 3% desde 1992, entretanto el PIB ha crecido un 170% y las cargas de trabajo se han incrementado en un 150%. Un estudio sobre el gasto público de la OCDE, muestra que España es el país que menos gasta en recaudar los impuestos (30 veces menos que Suecia). Esta plantilla tiene que prestar servicio y controlar el censo actual de obligados a declarar, que abarca más de 18 millones de declarantes de IRPF, 3.350.000 empresarios y profesionales, 2.300.000 sociedades y 1.800.000 de otros entes jurídicos y, además, comprobar más de 31 millones de declaraciones.

Modificar la actual organización y distribución del trabajo. La actual distribución de competencias acumula en un reducido número de funcionarios una gran parte de las competencias legales. El colectivo de 1.642 inspectores de Hacienda -Grupo A1- concentra en sus manos la práctica totalidad de competencias tributarias y aduaneras, limitando la extensión y el alcance de la gestión a realizar.

Un 50% del colectivo de inspectores se dedica en exclusiva a tareas directivas, lo que sustrae un buen número de estos profesionales de la gestión directa. El cuello de botella que se produce ha motivado históricamente que muchas de esas funciones técnicas y directivas hayan sido realizadas en la práctica, aunque no reconocidas legalmente, por los 6.141 técnicos de Hacienda y otros 1.131 funcionarios del Grupo A2, pese a que no llegan al 20% los técnicos que tienen sus tareas definidas legalmente. Ello plantea la cuestión de la posible ilegalidad de miles de actos administrativos que son realizados por personal sin competencia legal y pueden ser anulados.

(Continúa en la edición de mañana)