Los hijos de Jesús Gil, condenados a devolver más de cien millones a Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha obtenido una resonante victoria judicial para recuperar el dinero saqueado durante los años en los que Jesús Gil gobernó la ciudad. El Tribunal de Cuentas condenó a los herederos del exalcalde a devolver más cien millones de euros en una sentencia que estima una demanda de responsabilidad contable interpuesta por la Fiscalía en noviembre de 2005 a la que se adhirió tres años más tarde el propio consistorio, ya con Ángeles Muñoz al frente del gobierno municipal.

La sentencia, con fecha 12 de abril y a la que ha tenido acceso este periódico, cifra en 66,5 millones de euros los perjuicios ocasionados y declara responsables directos solidarios a los cuatro hijos de Jesús Gil y Gil -Jesús, Miguel Ángel, Fernando y María Ángeles Gil Marín-, así como al exteniente de alcalde Pedro Román, a los exediles Marisa Alcalá, Rafael González y Antonio Luque y al exalcalde Julián Muñoz.

Los cuatro herederos fueron condenados a pagar al Ayuntamiento de forma solidaria 66,5 millones de euros, cantidad a la que se suman más de 39 millones de euros por los intereses. El tribunal declara la transmisión de la responsabilidad contable del exalcalde a sus herederos por los daños causados a los fondos públicos entre 1994 y 1999. El fallo destaca que la muerte de Gil «no extingue la responsabilidad civil ni la contable derivada del ejercicio de sus funciones como alcalde, sino que se transmite a sus causahabientes como responsables directos por sucesión».

Así, el tribunal considera que al haber aceptado la herencia, los cuatro hijos de Gil lo suceden «en todos sus derechos y obligaciones», a pesar de que los representantes legales del exalcalde, al fallecer este, solicitaron al Tribunal de Cuentas que lo apartara del proceso por el que ese organismo lo había emplazado a reintegrar las cantidades no justificadas. Ese proceso, originado en un informe del organismo de control sobre las cuentas municipales, abrió paso en 2005 a la demanda de la Fiscalía. Al año siguiente, el Ministerio Público inició el procedimiento contra sus hijos.

Pago solidario

La sentencia, ante la que cabe recurso de apelación, condena solidariamente a Pedro Román a pagar al Ayuntamiento 41,8 millones de euros más los intereses, que suman 24,2 millones, mientras que al exalcalde Julián Muñoz se le condena por 10,3 millones más 5,2 millones de intereses.

Para el resto de los condenados, las cifras son también significativas. El exedil Rafael González tendrá que pagar 59,4 millones de euros más 33,5 millones de intereses; su excompañero del GIL Antonio Luque, las mismas cantidades que Muñoz, y la también exedil Marisa Alcalá, 4,1 millones más 3,3 millones de intereses. La sentencia desestima que exista responsabilidad contable sobre la exconcejala Dolores Zurdo, que también estaba implicada.

La sentencia es producto de un procedimiento de reintegro por alcance contable abierto en el Tribunal de Cuentas a partir del informe de fiscalización de ese organismo correspondiente al periodo 1990-1999. Este estudio detectó graves anomalías en la gestión de las empresas públicas, que fueron creadas por el equipo de Jesús Gil para gestionar diversas áreas municipales tan pronto como accedió al poder en 1991.

La resolución judicial pone de relieve el absoluto desprecio por la legalidad que reinó en el Ayuntamiento durante el mandato de Gil y el descontrol que había sobre el manejo del dinero público, y cifra en 66,5 millones de euros el perjuicio causado a las arcas públicas.

La sentencia se refiere a las transferencias realizadas a las sociedades municipales Contratas 2000, Compras 2000, Suelo Urbano 2000 y Control de Gestión Local. El escrito que condena a los herederos del exalcalde cita el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que apunta que las transferencias corrientes y de capital del Ayuntamiento a las sociedades supusieron más del 25% del presupuesto municipal, y que en el periodo comprendido entre 1994 y 1999, el 66% de estas transferencias no fueron justificadas.

La sentencia aporta datos demoledores sobre el grosero incumplimiento de la ley en la gestión del dinero público. Así, explica que existe constancia de que los fondos salían del Ayuntamiento, pero no de que los mismos ingresaran en la sociedad municipal a la que iban destinados, ni que dichas transferencias se efectuaran en base a justificación alguna.