La UE tumba la ley italiana para recluir a los 'sin papeles'

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigió ayer la suspensión de la controvertida normativa italiana que convierte la inmigración ilegal en delito penal. La corte comunitaria subraya en una sentencia que encarcelar a los 'sin papeles' por negarse a abandonar el país transalpino vulnera la legislación europea, que apuesta por «una eficaz política de repatriación respetando los derechos fundamentales». El Gobierno de Silvio Berlusconi confesó su «insatisfacción» con el fallo y se declaró víctima de una especie de persecución emprendida desde Bruselas.

La sentencia de la corte de la UE, que tiene su sede en Luxemburgo, ampara a un inmigrante argelino -Hassen el-Dridi- que había sido condenado a un año de prisión por desobedecer una orden de expulsión. Según los jueces comunitarios, las autoridades italianas iniciaron en 2004 los trámites para que el 'sin papeles' magrebí dejara el país. Seis años más tarde, El-Dridi permanecía en territorio transalpino e incumplió un requerimiento para abandonarlo en un plazo de cinco días, lo que motivó la imposición de la pena de cárcel.

El indocumentado argelino recurrió la sentencia y el Tribunal de Trento, que se encarga del caso, optó por consultar a la corte comunitaria. El fallo difundido ayer deja bien claro que el delito de inmigración ilegal desborda los límites establecidos por la Directiva de Retorno, el marco jurídico unificado aprobado por los Veintisiete en 2008.

La sentencia remarca que el eje central de la legislación migratoria de la UE es la repatriación de los 'sin papeles'. Para ello, se establecen una serie de pautas que apuestan primero por el retorno voluntario de los inmigrantes y, en caso de incumplimiento, por la salida forzosa «a través de las medidas menos coercitivas posibles». Solo se autoriza el internamiento, por un periodo máximo de dieciocho meses y en un centro especializado, si el «comportamiento» del inmigrante «dificulta» su expulsión.

Con estas premisas, el Tribunal de Luxemburgo estima que no se puede imponer una pena de cárcel a un inmigrante por negarse a abandonar el país y llama a Italia a redoblar sus esfuerzos para impulsar una «política eficaz de repatriación y expulsión».