ETA comunica a los empresarios vascos y navarros el fin del 'impuesto revolucionario'

ETA ha decidido poner fin a una de sus principales fuentes de financiación, el llamado 'impuesto revolucionario'. La organización terrorista comunicó en sendas cartas a las organizaciones empresariales del País Vasco y Navarra que «como consecuencia del alto el fuego permanente y de carácter general en vigor desde el 10 de enero» ponía fin a las campañas de extorsión de las últimas tres décadas.

Las últimas cartas de ETA con exigencias de pago datan del 26 de octubre del año pasado, y desde entonces ni los empresarios ni las fuerzas de seguridad habían detectado el envío de nuevas misivas. Esta ausencia, sin embargo, no era determinante para los expertos de la lucha antiterrorista porque la organización terrorista tenía por costumbre remitir las cartas en intervalos de varios meses y hacerlo de forma masiva.

La decisión conocida ayer pone en apariencia punto final a las especulaciones desatadas desde el comunicado de ETA del 10 de enero, en el que anunció un alto el fuego permanente, verificable y «general», un término que hizo pensar que también abarcaba a la extorsión. Una impresión confirmada en las cartas a Confebask y a la Confederación de Empresarios de Navarra. El presidente de la patronal navarra, José Antonio Sarría, indicó que recibió el texto el martes, y en la nota, además de trasladar su decisión a los empresarios, los terroristas reclamaron que se informara a «la sociedad de que la exigencia del pago del impuesto revolucionario, como ellos le llaman, ha quedado cancelada».

Confebask confirmó por medio de un portavoz que también había recibido «recientemente» una carta de ETA con idéntico contenido, aunque pidió «guardar la prudencia necesaria» hasta confirmar la veracidad del anuncio. La patronal vasca reconoció, no obstante, que «desde hace meses» no reciben mensajes con exigencia de dinero de la organización terrorista. Ambas organizaciones empresariales coincidieron, dentro de la cautela, en calificar de «buena noticia» el anuncio.

El paso dado por ETA, siempre que se confirme, supone un cambio cualitativo respecto a anteriores treguas ya que tanto en la de 1998 como en la de 2006 mantuvo el envío de cartas extorsivas con el único cambio de incluir una rebaja en el lenguaje agresivo. Los terroristas justificaron en esos momento el mantenimiento de esas prácticas dentro de «las tareas de reabastecimiento» de su organización.

Un estudio del catedrático de Economía de la Universidad Complutense, Mikel Buesa, cifra en 115 millones de euros la cantidad ingresada por ETA entre 1978 y 2008 por el pago del 'impuesto revolucionario'. El mismo experto calculó que en 2009 los terroristas recaudaron por este método 3,6 millones de euros mientras que en 2010, al menos en los diez meses que hubo constancia de cartas, se redoblaron las campañas de extorsión ya que recibieron 5,1 millones de euros. Estos ingresos eran fundamentales para ETA porque para su supervivencia requiere entre cinco y seis millones de euros anuales para mantener su infraestructura, financiar a los comandos y atender a los presos y sus familias, según los estudios de Buesa.

Hasta finales de los años 70, la organización terrorista se financiaba en buena medida gracias a los atracos a bancos y cajas de ahorro en el País Vasco y Navarra, pero ese método demostró ser inseguro, fueron detenidos decenas de militantes, y poco rentable porque las entidades financieras, en general, no guardaban grandes sumas de dinero para las operaciones de cara al público. A partir de la década de los 80, ETA generalizó el cobro del 'impuesto revolucionario', más seguro y limpio ya que no acarrea los tiroteos que acompañaban a muchos robos.

Entre el 10 y 20%

En un principio, los destinatarios del chantaje eran grandes empresarios y banqueros, pero poco a poco se 'democratizó' la extorsión y las víctimas fueron propietarios de medianas y pequeñas empresas y profesionales de todo tipo. Aunque los que cedían a las amenazas terroristas eran una minoría, las fuerzas de seguridad calculan que entre el 10 y 20% de los extorsionados pagaban las sumas exigidas o rebajadas tras negociar con intermediarios de ETA, en ocasiones conocidos abogados.

Esta práctica extorsiva adquirió unas dimensiones tales que la organización terrorista tuvo que destinar hombres y recursos para montar dentro de su área logística un aparato de extorsión, al frente del cual estuvieron dirigentes relevantes como Felipe San Epifanio, diputado por Herri Batasuna en el Parlamento vasco de 1987 a 1990 y huido a Francia en 1991, donde se enroló en el comando Barcelona hasta ser detenido en 1994, y Carlos Almorza, 'Pedrito de Andoain', detenido en París en 1993 y extraditado a España en 2000 hasta que quedó en libertad hace tres años.

El aparato de extorsión de ETA volvió a cobrar notoriedad a raíz de la detención en junio de 2006 de varios de sus integrantes, entre ellos Joseba Elosua, propietario del bar Faisán de Irún, uno de los puntos de pago del 'impuesto'.