Tres meses para regularizar el empleo no declarado

El Gobierno concederá una moratoria de tres meses a las empresas que quieran regularizar la situación de sus trabajadores. En ese periodo, el Ejecutivo afirma que «ayudará» a las compañías que deseen hacer aflorar el empleo sumergido de forma voluntaria. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quiso subrayar ayer que no se trata de una amnistía o un perdón para estas sociedades, ya que este trámite se llevará a cabo mediante «incentivos selectivos» en forma de aplazamientos -de seis meses a un año- de las deudas contraídas con la Seguridad Social. «La idea no es mirar tanto qué han hecho las empresas en el pasado como ayudarlas a que emerjan empleo y que se generen ingresos para la Hacienda Pública», aseguró.

Gómez avisó, en una entrevista en TVE, de que, a partir de agosto las penas para las compañías que empleen de forma irregular «se endurecerán». A partir de ese momento, y durante medio año, la inspección de trabajo reorientará sus prioridades a la 'caza' de contratos irregulares. Además, desde agosto, aquellos que compatibilicen el cobro del subsidio por desempleo con trabajos irregulares por cuentas propias o ajenas podrán perder la prestación.

Los sindicatos han reprochado al titular de Trabajo que no se haya negociado este plan antes de que sea aprobado por el Consejo de Ministros de hoy. En el texto que remitieron ayer Comisiones Obreras y UGT, de forma conjunta al Gobierno, consideran que este plan no mejorará la protección de los trabajadores, no aumentará los ingresos públicos y tampoco eliminará la competencia desleal entre las empresas.