Trabajo niega que su plan contra el empleo sumergido sea una 'amnistía'

La tercera será la vencida. El Gobierno ya anunció en dos ocasiones que el Consejo de Ministros iba a estudiar el plan para hacer aflorar que el empleo sumergido, pero a última hora este punto se cayó del orden del día. Pero ayer, el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, confirmó que el plan será aprobado, vía real decreto ley, en la reunión de mañana en la Moncloa. «Este plan no contiene ninguna fórmula de amnistía, sí hay facilidades para que el trabajo no declarado pueda regularizarse sin que los empleados pierdan derechos», aclaró, y explicó que pasados «dos o tres meses» de su entrada en vigor se endurecerán las sanciones a las compañías.

Las conversaciones que han mantenido con los agentes sociales sobre esta materia, según Gómez, han sido complicadas, ya que han surgido «diferencias importantes» de criterio. El ministro negó que el Gobierno hubiese prometido que esta iniciativa se sometería a un periodo de negociación, tal y como afirmaron los líderes sindicales. Lo único que estaba previsto era que se iba a consultar con los agentes sociales especifició Gómez.

Las centrales y la patronal tenían de plazo hasta ayer para dirigir sus propuestas al Ejecutivo. «Si son razonables, serán bien recibidas», aclaró el titular de Trabajo y por esa razón el borrador puede sufrir modificaciones antes del próximo viernes. Aún así, explicó que el Gobierno intentará que el real decreto ley sea «equilibrado».

«El objetivo del Ejecutivo no es mirar al pasado, sino al futuro», afirmó Gómez y explicó que eso supone que se declare el mayor número de puestos de trabajo irregulares, ya que eso reportará más ingresos para el Estado. Según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), el empleo sumergido roza el 8% del PIB y supera los 82.000 millones anuales.

Los máximos responsables de los sindicatos criticaron duramente esta medida. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, manifestó que el plan para regularizar el trabajo sumergido, aunque está «muy bien intencionado», no conseguirá los resultados que «desearían todos». A su juicio, el Ejecutivo solo pretende cumplir con su aprobación lo establecido en el pacto por el euro de la UE.